La jueza liberó a un adolescente de 14 años y ahora una fiscal de Cámara salió a cruzarla

La fiscal de Cámara Sandra Verónica Guagnino dictaminó a favor de revocar el fallo de la jueza Laura De Marinis, que había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con su pronunciamiento, Guagnino respaldó la postura que ya había adoptado la fiscalía de primera instancia, que apeló la decisión de la magistrada y pidió que el sobreseimiento quedara sin efecto.

La definición quedó ahora en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña, integrada por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza.

El expediente había llegado al tribunal de alzada después de la apelación presentada por Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ).

El caso que encendió la polémica

La controversia arrancó cuando De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, resolvió declarar inconstitucional para este caso la norma que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

La jueza dispuso el sobreseimiento del adolescente investigado por un episodio ocurrido el 10 de septiembre. Según la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años fue seguido por un grupo de adolescentes mientras caminaba por la Ciudad de Buenos Aires y pidió ayuda a un policía. La intervención de los efectivos evitó que se concretara el robo.

Los argumentos de la fiscalía

Los fiscales cuestionaron la resolución y sostuvieron que la declaración de inconstitucionalidad debe ser una medida excepcional, utilizada únicamente cuando no existe una interpretación de la norma compatible con la Constitución.

En el recurso, Tereszko y Raffa Pirra afirmaron además que la magistrada se atribuyó facultades reservadas al Congreso al dejar de aplicar una ley vigente y señalaron que su decisión afectó el principio de división de poderes.

También cuestionaron el argumento según el cual la investigación penal vulneraba los derechos del adolescente. Para los fiscales, el fallo no explicó concretamente de qué manera el proceso penal afectaba el derecho a la protección integral del joven.

La apelación sostuvo, además, que la resolución confundió la responsabilidad penal, el desarrollo del proceso y la proporcionalidad de una eventual respuesta estatal. Los representantes del Ministerio Público reclamaron que el fallo sea revocado y pidieron apartar a De Marinis de la causa.

Qué había dicho la jueza

De Marinis sostuvo que su decisión estaba limitada exclusivamente a las circunstancias del adolescente involucrado y aclaró que no implicaba declarar inválido de manera general el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La magistrada explicó públicamente que había considerado la situación social del joven, que estaba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse. También señaló que someterlo a un proceso penal podía resultar regresivo y estigmatizante.

“No es un mensaje de impunidad”, afirmó al defender su resolución. Además, remarcó que la nueva ley continuaba vigente y que se estaba aplicando respecto de otros adolescentes involucrados en el mismo episodio.

El nuevo régimen, establecido por la Ley 27.801, fijó la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años y comenzó a regir el 5 de septiembre.

El otro frente: el pedido de juicio político

En paralelo a la discusión judicial, el Gobierno porteño pidió el juicio político de De Marinis. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por posible mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.