La jueza le puso fin a la estrategia de la defensa: la causa del subcomisario Ibáñez va a juicio
La jueza Mas Saadi dijo que no hay marcha atrás: el subcomisario acusado de asaltar un Rapipago deberá sentarse en el banquillo. ¿Podrá la defensa frenarlo?
La jueza de Control de Garantías Cecilia Mas Saadi rechazó el planteo de la defensa y confirmó que el subcomisario Héctor Luis Simón Ibáñez deberá enfrentar un juicio oral por el asalto al Rapipago. La decisión aún puede ser apelada.
La magistrada de Segunda Nominación desestimó la oposición presentada por los abogados del imputado y ordenó que el expediente continúe su curso hacia el debate. Sin embargo, la resolución no está firme: Ibáñez tiene la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior.
¿Qué ocurrió el 26 de enero?
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió minutos antes de las 12.40 en el local “Todo Suelto Rapipago”, ubicado en avenida Choya y calle Alpasumaj, en el barrio Municipal Grupo N° 1 de la Capital. Ibáñez, que en ese momento se desempeñaba como subcomisario de la Policía de la Provincia, habría ingresado al comercio portando una pistola y utilizando un handy, gorra, barbijo y guantes de látex negros.
La Fiscalía sostiene que el imputado amenazó al comerciante Gustavo Fabián Pereyra con el arma y le exigió la entrega del dinero de la caja registradora. Bajo intimidación, la víctima entregó aproximadamente un millón de pesos en efectivo. Luego de un forcejeo, Pereyra logró alejarse hacia el interior del local y el sospechoso escapó a bordo de un Volkswagen Suran con el dinero sustraído.
La investigación y la detención
La causa se inició de oficio con actuaciones de la Comisaría Séptima y reunió múltiples pruebas: inspecciones oculares, testimonios, allanamientos, reconocimientos en rueda de personas, análisis de cámaras de seguridad, informes de informática forense, registros de geolocalización de móviles policiales y pericias sobre líneas telefónicas.
Tres días después del asalto, el 29 de enero, Ibáñez fue detenido en la Comisaría Primera, donde prestaba servicios. Permaneció detenido cerca de tres meses, hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos dispuso el cese de la prisión preventiva. En su declaración indagatoria se abstuvo de prestar declaración.
La elevación a juicio había sido dispuesta a principios de mayo por el fiscal Hugo Costilla, quien acusó a Ibáñez como presunto autor de “robo agravado por el uso de arma y agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad”. Con el rechazo de la oposición, la causa da un nuevo paso hacia el debate oral, aunque la defensa aún puede apelar.