La jueza del beso estalló contra el Poder Judicial: lo que no le dan desde que volvió a su cargo

Mariel Suárez, la magistrada que volvió a quedar en el ojo de la tormenta por su fallo sobre el recreo de los presos en Comodoro Rivadavia, reveló una serie de problemas internos que todavía no le resolvieron. Dijo que evalúa qué pasos legales seguir y calificó su situación como "violencia institucional".

La jueza de Ejecución subrogante Mariel Suárez, conocida como "la jueza del beso", volvió a hablar públicamente tras el escándalo que generó su resolución para ampliar las horas de recreo de los detenidos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, aseguró que analiza las instancias legales a seguir ante las declaraciones y publicaciones que reinstalaron su caso en la agenda pública.

Su fallo, que establece una ampliación gradual del régimen de recreo de una hora diaria a hasta seis horas por día para tareas de aseo, limpieza y esparcimiento, despertó reacciones inmediatas. Una de las más fuertes fue la del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien en declaraciones a Canal 7 calificó la medida como "una tomada de pelo más" y anticipó que el Ejecutivo provincial apelará el criterio adoptado.

Torres también apuntó contra la magistrada: "Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes", dijo, y sostuvo que "parecen estos jueces garantistas estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas". Definió la situación como "triste, indignante y frustrante".

Qué hay detrás del fallo que desató la polémica

La resolución de Suárez se basa en la homologación de un acuerdo derivado de un planteo de hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública. Según se informó, los seis internos de la Seccional Sexta pasaban hasta 22 horas diarias encerrados en sus celdas. La defensa expuso la falta de recursos humanos y materiales de la Policía para custodiar los momentos de aseo, esparcimiento y visitas de forma segura, además de los roces de convivencia entre los propios alojados.

Frente al reclamo para extender los horarios hasta las 23, la jefatura policial y las autoridades de Seguridad priorizaron el orden y la integridad física de la dependencia. La fuerza propuso una ampliación gradual del esquema de patios entre las 16 y las 22 horas de manera fraccionada, sujeta al comportamiento de los detenidos y al refuerzo de la custodia. Suárez dio lugar a esa propuesta consensuada y ordenó al jefe de la comisaría la elevación de informes periódicos para monitorear el avance, mientras dejó sentado que emitirá una resolución por escrito sobre el fondo del hábeas corpus.

"Me llamaron de todos los medios y dije: no voy a hablar"

La jueza explicó que inicialmente había decidido no hacer declaraciones públicas pese a las consultas de distintos medios. "Me llamaron de todos los medios y yo dije: 'No voy a hablar', porque si yo hablo, no para más. Pero creo que en algún momento voy a tener que hablar", expresó.

Uno de sus cuestionamientos apunta a la utilización pública de un video que, según sostiene, fue obtenido de manera ilegal. El registro fílmico del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew generó un gran revuelo al trascender en diciembre de 2021. La jueza remarcó que ese elemento no habría constituido el motivo de su destitución y cuestionó que continúe siendo asociado mediáticamente a su caso. "Me restituyeron y ese no fue el motivo de la destitución. ¿Por qué los medios insisten con eso?", planteó. Y agregó: "¿Qué me queda a mí para hacer como mujer si me siguen vapuleando?".

Los reclamos puertas adentro del Poder Judicial

Más allá de la controversia pública, Suárez reveló conflictos administrativos dentro del propio Poder Judicial. Uno de los casos ocurrió cuando solicitó un certificado de servicios para presentarse a un concurso: según relató, el documento que recibió inicialmente incorporaba antecedentes relacionados con su destitución, pese a que había pedido únicamente una constancia de su trayectoria laboral. "Pedí un certificado para rendir un concurso y en el certificado salieron todos mis antecedentes de destitución, los que no deberían incluirse pues se declaró nula por el STJ", explicó.

Indicó que tuvo que pedir la intervención de la oficina de género del Superior Tribunal para que le rehicieran el documento. "Lo conseguí, me dieron el certificado, pero eso es violencia institucional", afirmó.

Otro de sus reclamos centrales está vinculado con la cobertura médica. "Fui a atenderme al médico y todavía no tengo obra social, siendo que yo soy juez penal desde el año 2009", aseguró. Y cuestionó: "Yo soy una empleada que imparte justicia y no tengo obra social. Me llega a pasar algo, ¿quién me va a atender a mí?".

A ese planteo sumó otros asuntos sin resolver: "No me pagaron los sueldos, no me reconocen la antigüedad, sigo con peleas internas. Es mucha la violencia institucional".

Para la jueza, su restitución no significó el cierre definitivo del conflicto que mantiene desde hace años. Confirmó que continuará participando de concursos dentro del Poder Judicial y que lo hará en "igualdad de condiciones" con el resto de los aspirantes. "Yo soy una concursante más", remarcó. Mientras analiza eventuales presentaciones, mantiene abiertos los reclamos por su situación salarial, el reconocimiento de la antigüedad y el acceso a la obra social.