La green card ya no es un trámite seguro: el cambio que desató una demanda contra el DHS

El camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo judicial. Una coalición de organizaciones, sindicatos y personas afectadas presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para frenar dos directrices que, según los demandantes, limitan las opciones de quienes buscan regularizar su situación migratoria.

La acción recayó en el Tribunal de Distrito de Massachusetts y apunta a dos memorandos que modifican el funcionamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). El primero es el PM-602-0199, del 21 de mayo, que cambia los criterios para evaluar el ajuste de estatus, el mecanismo que permite pedir la green card sin salir del país. El segundo es el PA-2026-05, del 5 de agosto, que habilita a rechazar solicitudes incompletas sin pedir antes documentación adicional.

El ajuste de estatus, bajo la lupa

El memorando de mayo introduce un giro en la evaluación de los casos. Presentar la solicitud dentro de Estados Unidos puede considerarse ahora un elemento negativo, y los interesados deben demostrar circunstancias inusuales o extraordinarias para revertir ese criterio.

Para la demanda, este enfoque contradice lo que establece la ley. La coalición sostiene que el Congreso creó el ajuste de estatus justamente para que los inmigrantes elegibles obtengan la residencia sin tener que abandonar el territorio estadounidense. En ese sentido, argumentan que el gobierno no puede convertir esa opción en un factor desfavorable de aplicación general.

El segundo memorando, el PA-2026-05, elimina un paso clave: permite que el Uscis rechace solicitudes incompletas o con pruebas insuficientes sin enviar antes una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID), los instrumentos que habitualmente permiten responder a las observaciones de la agencia.

La abogada de inmigración Claudia Cañizares explicó a Univision el impacto concreto de esta medida: “Esto es algo bien preocupante porque imagínate que presentas una residencia y por alguna razón el Uscis no escaneó un documento importante o perdió un papel que habías mandado y te dice: ‘Te voy a negar la residencia porque no mandaste las fotos del pasaporte’, cuando las fotos del pasaporte sí estaban ahí”.

Los argumentos legales de la demanda

El recurso, identificado como American Association of University Professors v. Mullin, pide que la Justicia declare ilegales las disposiciones, suspenda su aplicación y deje sin efecto los cambios introducidos por las autoridades migratorias.

Los demandantes invocan la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para sostener que el ajuste de estatus fue diseñado por el Congreso como una vía legítima. También citan la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al señalar que el Uscis introdujo cambios sustanciales sin habilitar una instancia previa de consulta pública.

Otro de los cuestionamientos apunta a la aplicación inmediata de las nuevas directrices a expedientes que ya estaban en trámite. Según la demanda, los solicitantes podrían perder la posibilidad de completar la documentación bajo las condiciones anteriores.

La presentación incluye además argumentos vinculados con la doctrina Accardi, que obliga a las agencias a respetar sus propias normas y procedimientos, y con las garantías del debido proceso de la Quinta Enmienda. Los demandantes afirman que las medidas se apartan de precedentes administrativos y afectan a quienes no tuvieron oportunidad de responder a las nuevas exigencias.

Entre las consecuencias que advierten figuran efectos sobre el empleo, las trayectorias profesionales y la unidad de las familias inmigrantes.

Quiénes están detrás del litigio

La acción reúne a organizaciones académicas y sindicales, como la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), sus capítulos de Harvard y Boston University, y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

También participan organizaciones dedicadas a la defensa de los inmigrantes y al asesoramiento legal, entre ellas Americans for Immigrant Justice, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), American Immigration Council y Democracy Forward, además del estudio jurídico Colombo & Hurd. La coalición incluye a inmigrantes con solicitudes de residencia pendientes.

En el proceso están señalados el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el DHS, el Uscis y el director de la agencia, Joseph B. Edlow.

Jeff Joseph, presidente de la AILA, resumió la postura de los demandantes en un comunicado: “Nuestro sistema de inmigración debe encarnar los valores que definen a EE.UU.: equidad, transparencia, debido proceso y respeto al estado de derecho”.