La FuChad respaldó la Ley de Tierras y lanzó una advertencia por el DNU de Milei

La Fundación Chadileuvú (FuChad) salió a defender la Ley 26.737 de Tierras Rurales y pidió que se restablezca en su totalidad, luego de que el Gobierno nacional la derogara a través del DNU 70/2023. La entidad pampeana advirtió sobre los riesgos ambientales y la pérdida de soberanía que, según su visión, implica la norma que habilitó la venta de tierras a extranjeros sin límites.

En un comunicado firmado por el presidente, Dr. Alberto Golberg, y el vicepresidente, Ing. Héctor Gómez, la ONG aclaró que no se opone a la inversión extranjera con fines productivos, pero reclamó cupos estrictos, restricciones en zonas de frontera y un control ambiental permanente.

Qué dice el DNU que derogó la ley

El decreto impulsado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023 incluyó en su artículo 154 la derogación de la Ley 26.737, conocida como Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esa norma fijaba límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, cualquiera fuera su destino de uso o producción.

Con la derogación, esos topes quedaron sin efecto. La FuChad considera que esa decisión abre la puerta a operaciones sin control sobre un recurso estratégico.

La posición de la FuChad

"La FUCHAD como ONG independiente de todo poder político se ve en la obligación de emitir una opinión sobre un aspecto del DNU 70/2023 y que tiene que ver con la venta de tierras a extranjeros", señala el texto.

La entidad aclaró que no rechaza de plano la compra de tierras por parte de ciudadanos de otros países para actividades productivas, pero remarcó la necesidad de fijar un cupo estricto. "Fundamentamos esta opinión en el hecho que las tierras son parte de un patrimonio nacional que debe ser protegido para respetar la integridad de nuestro país", agregaron.

Además, pidieron mantener las restricciones en las zonas de frontera y en las cercanías de cauces de ríos y espejos de agua, por su valor estratégico y ambiental.

Alerta por minería, petróleo y agro

El comunicado pone el foco en el impacto de las actividades extractivas. "La minería y la extracción de petróleo son de por sí altamente contaminantes, por dicha razón el Estado debe legislar dichas actividades y ejercer un control permanente y estricto para evitar el daño ambiental", sostuvieron.

En el caso de las tierras para producción agropecuaria, la FuChad también reclamó protección del recurso suelo, del ambiente y de la salud humana.

El pedido final

"Por esa razón creemos que la Ley 26.737 debe ser restablecida en su integridad por ser sabia y defender nuestra soberanía", concluyó la entidad, que presentó su postura como "un aporte al debate iniciado por la impugnación del citado DNU".

El pronunciamiento se da en un contexto de discusión judicial y política sobre la validez del decreto que desreguló el mercado de tierras rurales en todo el país.