La fiscalía pidió que cuatro imputados por drogas en Chos Malal esperen el juicio tras las rejas, pero los jueces no se movieron

Un tribunal de revisión de Chos Malal ratificó por unanimidad el rechazo a la prisión preventiva que había pedido la fiscalía para cuatro personas imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los jueces consideraron que las restricciones ya impuestas alcanzan para proteger la investigación mientras el caso sigue abierto.

La audiencia se realizó el miércoles y estuvo a cargo de la jueza Laura Barbé y los jueces Maximiliano Bagnat e Ignacio Pombo. Los tres coincidieron en que las medidas vigentes son suficientes para evitar interferencias y descartaron dictar la detención preventiva de los imputados.

Qué argumentó la fiscalía

El fiscal del caso, Víctor Salgado, y la asistente letrada Romina Travieso sostuvieron que las restricciones fijadas al inicio no alcanzaban para impedir que los acusados entorpecieran la causa.

El Ministerio Público Fiscal puso el foco en el riesgo de que los cuatro imputados pudieran coordinarse entre sí e influir en las declaraciones de dos testigos. Según plantearon, esa posibilidad podía afectar las diligencias pendientes y complicar la búsqueda de pruebas.

La acusación también cuestionó que el juez de garantías Eduardo Egea no hubiera fijado restricciones específicas de contacto entre los coimputados. Para la fiscalía, esa medida era necesaria por el estado inicial de la investigación y la chance de que los involucrados acordaran versiones.

Los imputados y el pedido que se reiteró

En ese marco, Salgado reiteró el pedido de prisión preventiva para A.A.A., I.M.N., K.P.S.P. y L.F.A., todos imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Chos Malal. En el caso de A.A.A., la acusación suma un cargo por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

El planteo buscaba modificar la resolución que Egea había dictado el 9 de octubre, cuando rechazó el pedido inicial de prisión preventiva. Frente a esa decisión, la fiscalía fue a una instancia de revisión para que otro tribunal evaluara la necesidad de mantener detenidos a los cuatro acusados.

Qué falta investigar

La fiscalía remarcó que la causa tiene diligencias por completar: nuevas entrevistas, el análisis de dispositivos electrónicos y el estudio de información vinculada con billeteras virtuales. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, esas tareas exigen evitar cualquier interferencia de los imputados, por lo que las restricciones vigentes no bastaban.

Los jueces que analizaron el planteo no compartieron esos argumentos y resolvieron sostener la decisión original.

Qué medidas deberán cumplir

Al fundamentar el rechazo, el tribunal consideró que las restricciones establecidas por el juez de garantías eran adecuadas para reducir el riesgo de entorpecimiento. Las medidas vigentes incluyen la prohibición absoluta de mantener contacto con los testigos y la obligación de no acercarse a ellos a menos de 100 metros.

Para los magistrados, esas condiciones alcanzan para resguardar las declaraciones pendientes sin necesidad de recurrir a la prisión preventiva. Así, la jueza Barbé y los jueces Bagnat y Pombo confirmaron por unanimidad la resolución del 9 de octubre y rechazaron el nuevo pedido de la fiscalía.

Los cuatro imputados seguirán sujetos a las medidas de coerción dispuestas mientras avanza la investigación por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La decisión no define la responsabilidad penal de los acusados, sino qué medidas se mantendrán durante esta etapa del proceso judicial.