La Fiscalía de Estado encontró fallas graves en la clasificación docente y advirtió que no son casos aislados
La Fiscalía de Estado revisó de punta a punta la Junta de Clasificación Docente y encontró fallas que van más allá de los reclamos puntuales. El dictamen apunta a designaciones hechas con listados provisorios y a un control de puntajes que hace agua, pero hay un punto que el Ministerio todavía no resolvió.
La Fiscalía de Estado realizó una evaluación integral de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Secundario y determinó que las deficiencias detectadas exceden los reclamos particulares que originaron la investigación. El Dictamen 11/2026, fechado el jueves 10, respondió a una denuncia de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) por presuntas irregularidades en el listado docente para el ciclo lectivo 2026.
El organismo de control puso la lupa sobre los tiempos del proceso. La inscripción arrancó en junio de 2025 y la revisión de puntajes se hizo entre el 2 y el 13 de febrero de 2026. Pero los actos públicos para cubrir cargos se fijaron para el 18 y 20 de febrero, mientras que el listado definitivo recién se publicó el 2 de marzo. En otras palabras: se hicieron designaciones con información provisoria.
Qué encontró la Fiscalía en el control de antecedentes
El dictamen también apuntó a la falta de controles sobre los puntajes. Al revisar el caso de una docente, fue necesario reconstruir años de documentación y aparecieron inconsistencias, entre ellas puntajes que superaban los máximos permitidos. La Fiscalía advirtió que el sistema mantiene un alto nivel de procesamiento individual y una trazabilidad insuficiente, lo que facilita que errores de cálculo o de documentación se arrastren de un año a otro.
Otro eje del cuestionamiento fue el criterio jurídico del Ministerio. La Fiscalía objetó la interpretación según la cual los errores de años anteriores quedarían saneados simplemente porque pasó el tiempo y nadie los impugnó. Para el organismo, primero hay que determinar qué tipo de irregularidad existe, porque la estabilidad administrativa no convierte automáticamente en válido lo que pudo ser contrario a la normativa.
El pedido de cambios y la demora en la Junta
La Fiscalía requirió al Ministerio revisar la organización, la tecnología y los recursos destinados a la clasificación para garantizar que los listados definitivos estén listos antes de las designaciones. Y fue más allá: si los plazos que fijan las normas hacen imposible cumplir ese objetivo, planteó que deberán impulsarse cambios legislativos.
Por último, cuestionó que se siga demorando la convocatoria a elecciones para renovar a los representantes docentes de la Junta. En su conclusión, sostuvo que las fallas en competencias, procedimientos, tiempos, corrección de errores e integración del organismo justifican una revisión integral del sistema de clasificación docente.