La fiscal no se quedó quieta: apeló la medida que aparta al adolescente que disparó en la escuela

La fiscal Carina Gerbaldo, que lleva la investigación del ataque a tiros en la Escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, cuestionó con dureza el sobreseimiento del adolescente que disparó contra sus compañeros. La funcionaria confirmó que apeló la resolución porque la considera apresurada y porque el Ministerio Público de la Acusación (MPA) quiere seguir interviniendo en el caso con distintas medidas.

La decisión que generó el conflicto la tomó hace dos semanas el juez José Boaglio, quien dispuso que un tribunal de familia se ocupe de la situación del chico de 15 años que mató a Ian Cabrera, de 13 años, e hirió a otros estudiantes. "Estamos discutiendo la oportunidad, no el tema", explicó Gerbaldo en diálogo con LT8 respecto del recurso de apelación que presentaron contra el fallo de primera instancia.

Una ley que llegó tarde

El Régimen Penal Juvenil actual permite sanciones desde los 14 años cumplidos, pero entró en vigencia después del asesinato en la escuela y no puede aplicarse a un homicidio ocurrido antes. Por eso, la representante del MPA subrayó que la investigación no está cerrada, aunque no se pueda condenar al agresor.

"El sobreseimiento de una persona no punible es inevitable" por la aplicación de la ley que rigió hasta el 4 de septiembre, reconoció la funcionaria rafaelina. Sin embargo, remarcó que un caso como el de San Cristóbal hoy podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión con las normas vigentes para menores de edad.

¿Dónde está el adolescente?

El joven, identificado por sus iniciales como G. C., fue detenido dentro de la institución después de efectuar varios disparos con una escopeta. Gerbaldo ratificó que el exestudiante de la secundaria "no está en San Cristóbal" y sigue a disposición de la Justicia penal porque el fallo que cerró el proceso no quedó firme. "Está alojado en otro lugar, cumpliendo medidas que siguen vigentes", precisó.

Según indicó la fiscal de la unidad especializada en el Régimen Penal Juvenil, el chico aún se encuentra bajo evaluación psicológica como parte de la causa que se abrió el último 30 de marzo. Además, tiene restricciones para usar redes sociales, una medida que también se aplicó a otro joven de 16 años imputado como cómplice por una participación secundaria en el episodio.

De acuerdo con la explicación de Gerbaldo, el traspaso del legajo del adolescente al fuero de familia le quita al MPA la posibilidad de seguir controlando las medidas del caso. Por eso solicitaron la revisión de la resolución que firmó Boaglio en los Tribunales provinciales de Tostado.

La fiscal remarcó que "la sentencia no está firme", de modo que la situación de G. C. sigue bajo control de la Justicia penal. Mientras tanto, los investigadores esperan que se fije la fecha de la audiencia para analizar el fallo de Boaglio en segunda instancia.

El ataque que conmocionó a San Cristóbal

El tiroteo ocurrió hace casi siete meses, minutos después de las 7 de la mañana, cuando comenzaba la jornada escolar. Los estudiantes estaban formados en el patio interno para el izamiento de la bandera. En ese momento, un alumno de tercer año de la secundaria abrió fuego contra sus compañeros.

G. C. había llevado una escopeta escondida entre sus pertenencias. Ese día fue al baño de la institución, salió con el arma y disparó entre cuatro y cinco veces. Cabrera murió en el acto y otros ocho adolescentes sufrieron lesiones de distinta gravedad.

La secuencia terminó cuando un portero se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle el arma. Poco después intervino la Policía, el adolescente fue detenido y la escuela fue evacuada como parte del operativo de emergencia.

La atención sanitaria se desplegó entre el hospital local y otros centros de mayor complejidad. Seis de los ocho estudiantes heridos recibieron el alta en el transcurso de la jornada. Otros dos fueron derivados a Rafaela y a la ciudad de Santa Fe para recibir atención especializada.

La pista digital

Además de reconstruir cómo se produjo el ataque, los investigadores avanzaron sobre la actividad digital del adolescente y sus posibles contactos en comunidades que glorifican masacres escolares.

En los primeros días posteriores al crimen, la Policía Federal allanó la vivienda del joven y un comercio vinculado con su familia, por orden de la fiscal. La medida apuntaba a reunir elementos para esclarecer cómo se planificó el tiroteo.

La pesquisa también se extendió a otros adolescentes. El 6 de abril, la Policía arrestó a un joven en Nelson bajo la sospecha de que mantenía conversaciones con G. C. y podía haber tenido conocimiento del plan. La investigación abrió una línea sobre la red True Crime Community, una subcultura digital asociada con la glorificación de crímenes reales y ataques violentos.