La FIA le marcó la cancha al municipio de Resistencia y blindó a los concejales

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) salió al cruce de la disputa entre la oposición de Resistencia y el Ejecutivo municipal, y con una serie de resoluciones dejó en claro que los ediles tienen derecho a acceder a la información pública sin necesidad de que el Concejo apruebe cada pedido.

Los concejales Fabricio Bolatti, Soledad Villagra, Lucila Masin, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez habían denunciado que el municipio no respondía sus solicitudes de informes y que no publicaban resoluciones y otros actos administrativos, especialmente los que involucran recursos municipales.

Según informaron los ediles, las resoluciones 2979, 3039 y 3070 de la FIA establecieron criterios claros sobre las obligaciones de los funcionarios y sobre las herramientas de fiscalización de los integrantes del Concejo Municipal.

¿Qué dijo la FIA?

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que cada concejal puede solicitar información al Departamento Ejecutivo y obtener una respuesta formal, sin que esa atribución quede condicionada a una aprobación previa del Concejo Municipal como cuerpo.

Este era uno de los principales motivos de conflicto entre el oficialismo y la oposición. Los concejales aseguran que hay cerca de 100 solicitudes de información pendientes y que desde el municipio se argumentaba que los pedidos debían contar con la aprobación de la mayoría del cuerpo deliberativo.

La FIA, en cambio, diferenció el mecanismo institucional de los pedidos aprobados por el Concejo de las facultades individuales que corresponden a cada representante para ejercer tareas de fiscalización.

Publicidad de los actos de gobierno

En sus resoluciones, la fiscalía también recordó que el acceso a la información pública se desprende del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y comprende el derecho de las personas a obtener información completa, veraz y gratuita.

En ese marco, el organismo formuló una serie de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo municipal para ordenar los mecanismos mediante los cuales se reciben, tramitan y responden los requerimientos.

Entre ellas, planteó que en los espacios municipales de atención al público se exhiba información sobre el derecho de acceso a los datos públicos y que se determine un funcionario responsable de realizar el seguimiento de los pedidos.

También recomendó establecer mecanismos que permitan acreditar la recepción y posterior entrega de la documentación, organizar y sistematizar los archivos públicos y mantener publicados y actualizados los decretos y resoluciones municipales.

La FIA notificó además al intendente Roy Nikisch sobre las actuaciones, con el objetivo de que las situaciones señaladas sean regularizadas y evitar que los reclamos deban trasladarse al ámbito judicial.

Según el comunicado difundido por los concejales, el organismo recordó que la obstrucción del acceso a información pública puede constituir una falta grave y eventualmente generar responsabilidades. Asimismo, indicó que, una vez vencidos los plazos previstos sin obtener respuesta, puede configurarse una negativa tácita que habilite las vías correspondientes para reclamar judicialmente el acceso a la documentación.

Para los ediles opositores, las resoluciones representan un respaldo institucional a una discusión que mantienen desde hace tiempo con la administración municipal.

«Los funcionarios no pueden administrar la información pública como si fuera patrimonio propio; la información pertenece a la ciudadanía», señalaron al valorar los pronunciamientos.

Los gastos cuestionados

El conflicto por el acceso a la información tiene como trasfondo una serie de cuestionamientos de los bloques opositores sobre contrataciones, obras y utilización de recursos de la Municipalidad de Resistencia.

Los concejales sostienen que precisamente necesitan acceder a la documentación administrativa para determinar las condiciones bajo las cuales se realizaron diferentes operaciones y verificar el destino de partidas presupuestarias.

Entre los puntos que incorporaron a sus presentaciones mencionaron el alquiler de maquinaria y camiones. Según los cálculos difundidos por la oposición, se habrían registrado más de 1 millón de horas contratadas con una asignación presupuestaria superior a los $44 mil millones.

Los ediles también cuestionaron los recursos destinados al pago de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores. De acuerdo con la información presentada por el sector, más de $17 mil millones habrían sido destinados a la amortización de esas deudas, mientras que el mecanismo de «Legítimo Abono» aprobado por el oficialismo contemplaba un límite de $2.190 millones.

A estos planteos sumaron observaciones sobre presupuestos de obras públicas. La oposición asegura haber detectado diferencias de hasta un 300% respecto de valores que considera de mercado en trabajos vinculados principalmente con infraestructura vial.

También planteó dudas sobre compras efectuadas por grandes volúmenes y sobre los procedimientos utilizados para seleccionar proveedores.

Los concejales reclaman conocer los expedientes completos para determinar si las contrataciones cumplieron con los mecanismos administrativos y controles correspondientes.

Otro de los ejes señalados comprende convenios y concesiones que, según la interpretación de los denunciantes, deberían haber pasado por la ratificación del Concejo Municipal antes de comenzar a ejecutarse.

Estas observaciones forman parte de los cuestionamientos políticos realizados por la oposición y no implican, por sí mismas, que las irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas por la fiscalía. El alcance de las resoluciones difundidas está centrado fundamentalmente en las obligaciones vinculadas con el acceso a la información y en las facultades de control de los concejales.