La boleta de gas de la cordillera venía sin sobresaltos hasta que el Enrege metió la firma: ahora llega un cargo extra para pagar dos plantas compresoras. Quiénes lo pagan y cuánto, adentro.
Los vecinos de la cordillera que reciben el servicio de Camuzzi Gas del Sur empezarán a notar un monto adicional en su próxima factura. El Ente Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) aprobó un cargo específico para que los usuarios repaguen los créditos que la distribuidora tomó con dos bancos provinciales para financiar obras clave en Chubut.
La medida alcanza a más de 126.000 clientes de las 25 ciudades y localidades que abastece el sistema Cordillerano-Patagónico, repartidas entre Río Negro, Neuquén y Chubut.
Cuánto pagará cada categoría
El monto depende del tipo de usuario. Según la Resolución 919/2026 del Enrege, los residenciales (R1) abonarán un cargo inicial de $3.506,90, unos 2 dólares.
Los comercios y pymes tienen valores proporcionales a su escalón tarifario. Los usuarios SGP1 y SGP2 de Chubut y Río Negro pagarán al comienzo $5.924,10 (3,77 dólares), mientras que los de Neuquén desembolsarán $5.932,66. Dentro de ese grupo entran, por ejemplo, kioscos, farmacias, rotiserías, panaderías, hoteles y restaurantes.
Las industrias (SGP3) afrontarán $23.837,82 en Río Negro y Chubut, y $23.846,68 en Neuquén. Los Grandes Usuarios y las estaciones de GNC, en tanto, tendrán cargos sensiblemente mayores: desde $85.496 (54,45 dólares) hasta $435.854 (277 dólares).
La resolución precisa que el cargo equivale al 35% del cargo fijo vigente de cada categoría tarifaria y que la recaudación mensual estimada ronda los $1.240.000.000 (790 mil dólares).
Qué obras financian los créditos
El dinero se destinó a la instalación, el montaje y la puesta en marcha de dos plantas compresoras en Río Senguer y Gobernador Costa, Chubut. Esas obras permitieron miles de nuevas conexiones al servicio y, según el Enrege, mejoran la confiabilidad y la seguridad del abastecimiento para toda la región.
La distribuidora firmó los créditos con el Banco del Chubut SA y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) SA. El total proyectado asciende a $56.493.000.000 (unos 36 millones de dólares) si se contempla la precancelación prevista para agosto de 2030, con capital inicial, intereses, gastos del fideicomiso, incobrables e impuestos incluidos.
Desde Camuzzi aclararon que el cargo no representa un ingreso ni una ganancia tarifaria para la empresa: se percibe por cuenta y orden y va directo al Fideicomiso de Garantía y Repago. Si al terminar el fideicomiso queda un saldo remanente, será devuelto a los usuarios. Además, una vez cancelados los créditos, las obras se incorporarán a valor cero y no generarán rentabilidad para la distribuidora.
Las localidades alcanzadas
El cargo rige en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, El Maitén, Ñorquinco, Cholila, El Bolsón, Epuyén, El Hoyo de Epuyén, Lago Puelo, Esquel, Trevelin, Río Mayo, Alto Río Senguer, Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Corcovado y Río Pico.
La empresa deberá comunicar la resolución a los usuarios de Ñorquinco, Comallo, Onelli e Ingeniero Jacobacci, y publicar en su web y en las oficinas comerciales el monto vigente del cargo, lo recaudado, la deuda pendiente, los intereses, la fecha proyectada de cancelación y la cantidad de usuarios alcanzados, con actualización bimestral.
Las objeciones en la consulta pública
Durante la instancia de participación previa, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes pidió saber qué participación financiera les correspondía a transportistas, distribuidora, provincias y otros actores favorecidos por la ampliación.
La Defensoría del Pueblo de Río Negro consideró que, por la envergadura de la afectación, correspondía una audiencia pública en lugar de una consulta. También propuso revisar el mecanismo de asignación de costos para no trasladarlo al acceso de los usuarios preexistentes y reclamó información sobre las conexiones habilitadas y el impacto en la economía doméstica.
La Asociación Unión de Usuarios y Consumidores impugnó la propuesta y sostuvo que no debía aprobarse ningún cargo hasta completar los controles solicitados. Reclamó detalles de la operatoria con los bancos, de los trabajos ejecutados y de la base normativa que habilita a una distribuidora a endeudarse y recuperar la inversión mediante un cargo específico.
El Enrege respondió que las plantas compresoras no estaban incluidas entre las inversiones obligatorias reconocidas en la Revisión Quinquenal de Tarifas vigente y que el cargo está sujeto a revisiones periódicas por baja de tasas, auditoría final de obra o incorporación de nuevos usuarios.
