La exmujer del "Conejo" Martínez y su contador seguirán presos, pero no en una celda: qué pesó en la decisión

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta resolvió este lunes que Nancy Mirta Cordero y el contador Orlando Oris Lovera cumplan prisión domiciliaria en lugar de permanecer alojados en una unidad carcelaria. Ambos están imputados por asociación ilícita y lavado de activos en una causa que investiga una presunta red dedicada a blanquear fondos del narcotráfico y el contrabando.

La audiencia estuvo a cargo de los jueces Mariana Catalano —que la presidió—, Alejandro Castellanos y Santiago French. Además de revisar las medidas de coerción, el tribunal ratificó el plazo de 60 días fijado en la instancia de garantías para que la pesquisa siga avanzando.

Por qué la Justicia les dio el beneficio

En el caso de Cordero, los camaristas valoraron que tiene a su cargo seis hijos menores de edad. Para Lovera, en tanto, pesó que enviudó hace poco y que su hijo de 16 años había quedado al cuidado de un jardinero.

Respecto del contador, el tribunal también evaluó que no había elementos suficientes para sostener que pudiera destruir pruebas o entorpecer la investigación.

Las defensas de los imputados centraron sus planteos en lograr una modalidad de detención menos restrictiva antes que en discutir las pruebas de la acusación. De todas las solicitudes que se trataron, solo prosperaron las domiciliarias de Cordero y Lovera.

El contador Julián Manuel Barreiro ya tenía prisión domiciliaria antes de la audiencia, por lo que ese beneficio no se otorgó en esta instancia. El exintendente Carlos "Conejo" Martínez, en cambio, sigue detenido en el penal de Villa Las Rosas: el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, le impuso prisión preventiva por 60 días y ordenó alojarlo en un pabellón para internos de alto perfil.

Los contratos bajo la lupa

En la audiencia participaron el fiscal federal Eduardo Villalba y representantes de las procuradurías especializadas, entre ellos el auxiliar fiscal Alberto Barbuto. La acusación describió maniobras que habrían permitido ingresar dinero de origen ilícito al circuito económico formal.

Uno de los puntos centrales es una sociedad por acciones simplificada (SAS) vinculada a Lovera. Según lo expuesto, esa firma firmó un contrato por 25 millones de pesos para prestar servicios de transporte a la Municipalidad de Aguas Blancas, aunque no contaría con la capacidad técnica ni operativa para cumplirlo.

También se mencionaron pagos por 30 millones de pesos en concepto de honorarios profesionales, abonados apenas tres semanas después de la constitución de otra SAS. Los investigadores intentan establecer qué prestaciones respaldaron esos desembolsos y si la facturación se usó para justificar movimientos de fondos.

La hipótesis fiscal arma un circuito por etapas: el ingreso de efectivo a la economía formal, su circulación a través de sociedades y operaciones presuntamente simuladas, y la posterior compra de inmuebles y vehículos. Para la acusación, las contrataciones municipales habrían sido una de las herramientas para sostener esa operatoria. Ahora la investigación debe determinar qué servicios se prestaron en concreto, quiénes cobraron y adónde fue a parar el dinero.

El historial del exintendente

La situación judicial de Martínez no empezó con su llegada a la intendencia. En 2013 fue condenado a cinco años de prisión por el transporte de seis kilos de cocaína.

En marzo de 2019 volvió a quedar bajo la lupa cuando Gendarmería lo interceptó en la ruta nacional 34, en Santiago del Estero, a bordo de una Toyota Hilux en la que llevaba 100.000 dólares repartidos en bolsas de nylon. En ese procedimiento dijo que se dedicaba a la venta de verduras, pero no presentó documentación que justificara el dinero. El episodio derivó en su procesamiento por lavado de activos, dictado en 2020 y confirmado por la Cámara Federal de Tucumán en abril de 2023.

En mayo de ese año ganó las elecciones municipales y en diciembre asumió como intendente de Aguas Blancas. En la causa actual, la Fiscalía sostiene que fondos del narcotráfico habrían financiado su actividad política y que, después, la estructura municipal habría servido para canalizar operaciones de lavado.

Filtraciones y un municipio intervenido

Otro capítulo del expediente tiene que ver con el acceso a información judicial reservada. Martínez recibió una condena provincial de un año y dos meses de prisión, mediante un juicio abreviado, por hechos vinculados con la recepción de datos confidenciales y el entorpecimiento de una investigación.

Esa información estaba relacionada con la causa por el asesinato de su hermano, César Daniel "Oreja" Martínez, ocurrido en Orán en noviembre de 2023, mientras cumplía arresto domiciliario.

La trama de filtraciones involucró al entonces juez de Garantías de Orán Claudio Alejandro Parisi, luego destituido y detenido. Se le atribuyó haber facilitado información reservada y alertado sobre medidas judiciales por mensajes de WhatsApp. En ese expediente también aparece mencionado el abogado Roberto Ortega Serrano, por el acceso indebido a actuaciones que estaban bajo reserva.

La crisis institucional que rodeó al exintendente llevó a la intervención del municipio de Aguas Blancas, dispuesta por la Legislatura provincial en septiembre de 2024.

El operativo y los 12 imputados

La investigación por presunta asociación ilícita y lavado derivó en un operativo con 32 allanamientos. Martínez no fue encontrado durante los procedimientos, lo que abrió sospechas sobre una posible advertencia previa. Tras las detenciones de integrantes de su entorno familiar, el exjefe comunal se presentó en una dependencia policial de Orán y quedó a disposición de la Justicia Federal. Su defensa pidió la libertad por razones de salud, pero el juez Montoya rechazó el planteo y dispuso la prisión preventiva y el traslado a Villa Las Rosas.

La pesquisa sigue con el análisis de documentación, movimientos financieros y dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y precisar qué hizo cada acusado.

La causa alcanza a 12 personas. La Fiscalía señala a Martínez como supuesto jefe de la asociación ilícita. También están imputados sus hijos Miguel Ángel y Jessica Elizabeth Martínez, y Tamara Tapia, pareja del exintendente.

Entre los contadores figuran Lovera, Barreiro y Dimas José "Oso" Ruiz, excandidato a intendente, que además enfrenta una causa provincial por el robo a mano armada a la empresa frutihortícola Abra del Sol.

Completan la lista Rafael Antonio Aragón Rodríguez, señalado como presunto operador logístico, por quien se investiga si una carpintería vinculada a él servía de cobertura para préstamos "gota a gota"; Emiliano Pascual Ollarzú, imputado como parte del sector logístico; María Cristina Flores, en libertad con restricciones; y Mauro Alberto Rojas, acusado de integrar la presunta estructura de lavado y también en libertad con medidas de control.