La exjefa de la Anmat declaró que “no tuvo responsabilidad directa” en el fentanilo contaminado

Los abogados de Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), presentaron un escrito ante la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en el que piden anular el procesamiento que se le dictó por la comercialización de fentanilo contaminado. La defensa solicita, además, que se lo reemplace por un sobreseimiento o una falta de mérito y, en el caso de que se la considere penalmente responsable, que su rol se limite a no haber cumplido con los deberes de funcionario público.

El documento tiene 130 páginas y fue presentado como memorial de apelación, en reemplazo de una audiencia que estaba fijada para el 15 de este mes. Ese plazo se resolvió nueve días después de que la Justicia habilitara a las partes a acceder a la información contenida en los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

El argumento central de la defensa

Los letrados Diego Álvarez Bognar y Gustavo Daguerre Báez sostienen que la decisión del titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, de incluir a Bisio entre los partícipes necesarios del delito de adulteración de sustancias medicinales agravado por la muerte de al menos 90 personas y las secuelas sufridas por otras 44, “no se ajusta a derecho”.

Según el planteo, las responsabilidades deben buscarse en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que dirigía Gabriela Mantecón Fumadó —también procesada sin prisión preventiva y con un embargo por $500.000 millones—, y en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, que comercializaron y elaboraron el inyectable.

“El hipotético incumplimiento de un deber funcional no se convierte, por vía de una construcción terminológica, en contribución necesaria a la adulteración de una sustancia medicinal cuyo dominio de ejecución estaba enteramente en cabeza de los responsables del laboratorio”, afirman los abogados en el escrito.

Nueve ejes para desarmar la imputación

La defensa desarrolla nueve argumentos para sostener que Bisio no tuvo responsabilidad directa en las presuntas irregularidades detectadas por el Iname, el área encargada de supervisar a los laboratorios que operan en el país y los productos que elaboran. También rechaza que haya formado parte de un “pacto” destinado a demorar medidas contra los laboratorios involucrados o que haya desempeñado el rol que le atribuyó el magistrado al procesarla.

Kreplak llegó a esa conclusión tras analizar mensajes, registros de ingresos y egresos de la cartera sanitaria nacional y las declaraciones indagatorias de las dos exfuncionarias, incorporadas a pedido del Ministerio Público Fiscal. En su resolución escribió: “Se encuentra probado que la jefatura de la Anmat funcionaba como polea de transmisión de las decisiones políticas en la materia que se adoptaban desde el Ministerio [de Salud], en sentido descendente, y de aporte de información para decidir políticamente, en sentido ascendente. Y se encuentra acreditado en autos no solo que el ministro Lugones tuvo conocimiento de lo que sucedía, sino que lo tuvo a partir de la intervención de Bisio”.

Para los abogados, la extitular de la Anmat no tenía facultades para emitir advertencias por incumplimientos a los laboratorios: esa competencia técnica le correspondía a Mantecón Fumadó. También argumentan que haber omitido o demorado un trámite administrativo regulatorio —no firmar “oportunamente” una carta de advertencia por fallas detectadas en HLB y Ramallo— no equivale a “adulterar” medicamentos. Saber que ambas empresas tenían malas prácticas de producción, según la defensa, no implica que Bisio supiera que estaba colaborando con la adulteración.

“Ninguna carta de advertencia firmada en cualquier momento podía revertir la contaminación bacteriana de un producto que ya había sido fabricado, liberado y remitido a su titular”, sostuvieron los letrados. Y agregaron: “El riesgo no solo se gestó íntegramente dentro de la planta [de Ramallo], sino que fue activamente ocultado al organismo de control, lo que torna dogmáticamente insostenible reprochar su no detección a la administradora nacional”.

El eje temporal y la comparación con Lugones

La defensa remarca que las gestiones administrativas y las reuniones informales con representantes de los laboratorios ocurrieron durante 2025, cuando los lotes contaminados ya habían sido producidos y distribuidos. Por eso sostiene que no puede atribuirse a la exfuncionaria una conducta de complicidad ni una intervención efectiva en los hechos investigados.

Otro de los puntos que plantea es la diferencia de criterio con el ministro de Salud. “El Juzgado aplicó un estándar probatorio diferente a dos personas situadas en una cadena de mando idéntica: exoneró al ministro de Salud porque sus directrices apuntaban al cierre [de los laboratorios], pero procesó a Bisio pese a que sus directrices también apuntaban al cierre”, escriben.

Los letrados también señalaron que hay referencias a la exfuncionaria en los chats de los celulares peritados de los directivos de ambos laboratorios procesados y detenidos, a los que accedieron hace dos semanas. “Entre agosto de 2023 y mayo de 2025, en las conversaciones y audios de quienes actuaban por HLB y Ramallo, la única funcionaria de la Anmat mencionada como interlocutora, como garante de promesas, como moderadora de medidas, como conocedora de prácticas que la empresa prefería no informar, como destinataria de los pedidos de inspección, como quien enviaba asistencia al laboratorio «antes de que caigan los inspectores», como la autoridad cuya «orden» se necesitaba para torcer la actuación de las áreas técnicas y como persona de confianza de la conducción de las empresas, fue Mantecón Fumadó”, refieren.

El último planteo apunta a que, de atribuirle algún delito a Bisio, sea un incumplimiento de los deberes de funcionario público, en lugar de haber colaborado con la adulteración de un medicamento con el agravante de las muertes y las lesiones asociadas investigadas, lo que se traduce en penas más altas.

“No debió ser imputada”

“Esta presentación explica por qué Agustina Nélida Bisio no debió ser imputada y mucho menos procesada”, dijo Daguerre Báez ante la consulta de LA NACION. “El procesamiento fue apelado. Una vez interpuesta la apelación, el tribunal, como lo establece el Código Procesal, fijó una audiencia, la cual dispuso reemplazar por la presentación de ese memorial. En esa presentación están contenidos los fundamentos por los cuales el procesamiento de la exadministradora nacional de la Anmat debe ser revocado.”

Hace dos meses, al ampliar su declaración indagatoria en el juzgado de La Plata, Bisio no negó “la responsabilidad general” al frente de la Anmat. “Yo conocía que Ramallo constituía un problema serio. Incluso en el mes de febrero [de 2025], sin corresponderme, suscribí la carta de advertencia que significó la paralización de su operación. También sabía, por informe del mes de marzo, que HLB Pharma debía seguir esa misma suerte, pero Mantecón Fumadó siempre me comunicó que, sin una nueva inspección que verificara incumplimientos, esa decisión no se podía adoptar. Pero eso no significa que conociera, en detalle, previo a [una reunión interna del 5 de mayo del año pasado, una semana antes de difundir la alerta de la Anmat], la totalidad de los antecedentes” que había reunido el Iname.

Se refería a los 106 reportes de incumplimientos o deficiencias detectadas y siete retiros de productos del mercado que nunca se cumplieron. La reconstrucción de la salida al mercado de fentanilo contaminado con bacterias incluye, además, al menos 10 alertas internas que se activaron en la Anmat. Son comunicaciones que forman parte de los argumentos del Ministerio Público Fiscal al solicitarle al juzgado en agosto pasado las detenciones de Mantecón Fumadó y Bisio. Para la fiscalía, “ninguna muerte se hubiese producido” si se hubiesen atendido esas alertas tempranamente.