La excoordinadora de comedores conserva 22 horas cátedra y ahora el CGE define su futuro

El Gobierno de Entre Ríos dio por cerrada la investigación administrativa de la llamada Causa Comedores y ahora la pelota quedó en manos del Consejo General de Educación (CGE), que deberá resolver si corresponde sancionar a Silvina Soledad Murúa como docente. La excoordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia sigue vinculada al Estado provincial: conserva 22 horas cátedra en dos escuelas secundarias.

La decisión se formalizó con el decreto Nº 3.469, del 21 de octubre, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. El texto aprobó las conclusiones de la información sumaria que se había puesto en marcha en 2025, a partir de una auditoría que detectó diferencias en las acreditaciones de fondos para comedores.

El expediente puso números: irregularidades por $103.738.136 en 37 establecimientos escolares de Concordia. Con ese cuadro, la Fiscalía de Estado recomendó evaluar la responsabilidad disciplinaria de Murúa bajo el Estatuto del Docente Entrerriano.

Qué encontró el sumario

La investigación administrativa se centró en las operaciones de marzo y abril de 2025 en los 37 comedores del departamento Concordia. La Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado clausuró la etapa instructora el 10 de agosto y concluyó que “ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario” a la excoordinadora.

Según las conclusiones del expediente, Murúa se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable. Además, tuvo conocimiento de sobreprecios y otras irregularidades advertidas por supervisores y responsables de las rendiciones, pero no adoptó medidas eficaces para corregirlas ni comunicó lo ocurrido a sus superiores.

Compras direccionadas a tres comercios

Uno de los hallazgos centrales fue el direccionamiento de compras hacia determinados comercios de Concordia. El decreto sostiene que Murúa “intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia proveedores determinados”, entre los que se identificaron Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra, según publicó Análisis Digital.

La investigación también dio por acreditado que la exfuncionaria impartió instrucciones sobre la confección de rendiciones y concentró tareas administrativas sensibles en familiares y personas de su confianza. Estas conclusiones corresponden al procedimiento administrativo provincial: las eventuales responsabilidades penales de los involucrados siguen bajo investigación judicial.

Las horas cátedra que la mantienen en el sistema

La Fiscalía de Estado determinó que Murúa ya no puede ser sancionada bajo el régimen de la Ley Provincial Nº 9755 por su desempeño al frente de la Coordinación de Comedores, porque fue desvinculada de esa función. Sin embargo, sigue en la planta docente del CGE.

Según informó Entre Ríos Ahora, tiene 14 horas cátedra en la Escuela Secundaria Nº 5 de La Criolla y otras ocho en la Escuela Secundaria Nº 10 República de Entre Ríos, de Concordia. La publicación también señaló que percibe un salario docente, aunque actualmente no presta servicios por encontrarse con licencia psiquiátrica.

Por eso el Gobierno provincial remitió las actuaciones al CGE para que evalúe la apertura de un sumario administrativo conforme al régimen docente. Hasta ahora no se aplicó ninguna sanción disciplinaria vinculada con su cargo educativo: cualquier medida deberá surgir del procedimiento correspondiente.

Familiares y proveedores, fuera del alcance del sumario

La investigación administrativa también examinó la intervención de familiares y personas cercanas a Murúa en la gestión de los comedores. El decreto señaló que esas personas no cuentan con legajos activos como agentes de la Administración Pública provincial ni de la Municipalidad de Concordia, por lo que no pueden recibir sanciones disciplinarias dentro del procedimiento que acaba de concluir.

En cuanto a los proveedores mencionados, la determinación de eventuales responsabilidades quedó supeditada al avance de la investigación penal.

La causa penal sigue abierta

En paralelo, Silvina Murúa continúa imputada en una investigación penal encabezada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes investigan presuntas maniobras con fondos públicos destinados a la alimentación de estudiantes.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, desde enero de 2024 la exfuncionaria habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para organizar un sistema de direccionamiento de compras hacia determinados establecimientos comerciales de Concordia. La investigación también comprende a sus hermanos Adrián y Vanessa Murúa y a su cuñado Esteban Godoy.

Los fiscales sostienen que, mediante presuntas maniobras de intimidación o persuasión, los involucrados habrían condicionado las decisiones de más de 30 responsables de tarjetas de compra de comedores escolares para que adquirieran mercadería en determinados comercios.

Con el cierre del sumario provincial, las irregularidades administrativas quedaron acreditadas en ese ámbito, mientras el CGE deberá evaluar si inicia un procedimiento disciplinario contra Murúa como docente. La investigación penal sigue abierta y será la Justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades de los imputados.