La estafa en Fürth Automotores ya supera los $6.900 millones y apunta a una red con "cuevas"

La causa por la presunta defraudación en Fürth Automotores suma un perjuicio estimado en $6.931 millones y avanza hacia una posible recalificación como asociación ilícita. El dato surgió en una audiencia judicial donde también se prorrogó la detención de dos ex empleados de la concesionaria.

El abogado querellante Marcelo Sgoifo fue quien puso la cifra sobre la mesa: según la auditoría interna de la firma, el desfalco ascendería a $6.931 millones. Para el letrado, las irregularidades exceden a los detenidos y evidencian una estructura organizada. "Estamos frente a un barril sin fondo", sostuvo.

En la misma audiencia, el juez de Control y Garantías Fernando Paradelo resolvió mantener tras las rejas a Matías Llado, ex jefe de Ventas, y a Graciela Moyano, ex cajera. Moyano está detenida desde el 6 de agosto y Llado desde el 12 del mismo mes. Ambos son investigados junto al ex gerente Gerardo Caro, quien fue apresado el fin de semana pasado.

El rol de los imputados y las maniobras que se investigan

La fiscal Victoria Ledesma, que instruye la causa junto a Diego Cortés, señaló que las maniobras se habrían iniciado durante 2024 y que el foco está puesto en Llado y Caro. Entre los elementos del expediente, mencionó operaciones de clientes como Rivas Jordán y el matrimonio Costich, cuyos pagos habrían sido gestionados por Llado pero nunca registrados en el sistema.

También detectaron clientes que siguen figurando como deudores de Volkswagen pese a haber abonado. La empresa, en tanto, arrastra una deuda de unos 80 millones de pesos por señas caídas y otros conceptos que debió absorber como damnificada.

Durante la audiencia, el representante de dos clientes contó que pagaron sus vehículos de forma íntegra pero que al consultar a Caro, este les respondió que no existía registro de sus operaciones.

Las defensas pidieron la libertad y el juez la rechazó

Los abogados de Llado y Moyano, Miguel Torres, Javier Leiva y Lucas Díaz, solicitaron la excarcelación argumentando que los delitos son excarcelables y que no hay riesgo de entorpecimiento. Pero Paradelo desestimó esos planteos por riesgos procesales concretos, entre ellos la posibilidad de fuga o interferencia en la pesquisa.

La situación procesal se volverá a discutir en unas dos semanas, cuando se defina si dictan prisión preventiva o liberan a los acusados. Antes de esa fecha, el querellante pedirá ampliar la acusación con los delitos de desbaratamiento de derechos acordados y asociación ilícita. Si la Fiscalía avala ese criterio, Llado y Moyano podrían ser imputados nuevamente.

La pista patrimonial y las "cuevas"

En paralelo, la Fiscalía investiga el patrimonio de Caro y Llado. Se libraron oficios al Registro de la Propiedad para rastrear bienes a su nombre. La querella también pidió profundizar los vínculos de Caro con emprendimientos de cría de caballos peruanos.

Una operación inmobiliaria en La Banda, Santiago del Estero, está bajo la lupa: uno de los imputados habría intentado revertir la compra de una vivienda poco antes de ser detenido, con la intervención de un escribano. Además, se intenta determinar si Caro tiene relación con cinco inmuebles en Santiago del Estero y una sexta propiedad en Tucumán.

Otra hipótesis apunta a una operatoria financiera irregular de Llado. Testigos declararon que tanto él como Caro evitaban ingresar vehículos cero kilómetro al playón de la concesionaria y que las unidades se descargaban en el barrio Autonomía. También describieron pagos en efectivo y demoras en las entregas, con la excusa de que esperaban fondos de "cuevas de Tucumán", en referencia a financieras informales.

La investigación sigue abierta y la fiscal Ledesma confirmó que quedan numerosos testimonios por recibir. Caro, por su parte, declaró y se declaró inocente. Sgoifo, en tanto, insistió en que la maniobra "no pudo haber sido ejecutada por una sola persona" y no descartó nuevas imputaciones.