La escuela no podrá obligar a la víctima de bullying a sentarse con su agresor
La víctima de bullying ya no tendría que sentarse a dialogar con su agresor para recibir ayuda. El proyecto que avanza en Santa Cruz pone límites a las escuelas y define quién responde si no actúan. ¿Qué cambiaría en las aulas?
Un proyecto de ley que ya está en la Legislatura de Santa Cruz busca que las escuelas dejen de improvisar frente al acoso escolar. La iniciativa 827/26 establece un protocolo común para todos los establecimientos, desde el jardín de infantes hasta el secundario, y pone el foco en algo que hasta ahora quedaba librado a la discreción de cada directivo: cómo se protege a la víctima.
El texto tomó estado parlamentario el 12 de noviembre y lleva la firma de los diputados del bloque Por Santa Cruz Fabiola Loreiro, Patricia Urrutia, Santiago Aberastain y Cristian Ojeda. Abarca tanto el hostigamiento cara a cara como el que ocurre en redes sociales, siempre que involucre a miembros de la comunidad educativa. Por ahora es solo un proyecto: falta que se discuta y se vote.
Lo que la escuela ya no podría hacer
El artículo más sensible es el que limita las respuestas que las instituciones venían aplicando con cierta naturalidad. Según el proyecto, la escuela no podrá exigirle a la víctima que se reúna con quien la agredió, que participe en una mediación o que acepte disculpas como condición para recibir ayuda. Tampoco podrá recurrir de manera sistemática al traslado del estudiante agredido como salida al problema.
En cambio, la institución deberá intervenir para frenar la agresión, evitar represalias y garantizar que el chico pueda seguir cursando sin convertirse en el que paga los platos rotos.
Qué debe hacer la escuela cuando recibe una denuncia
La obligación de actuar se dispara apenas la escuela recibe una denuncia o toma conocimiento directo de una agresión, amenaza o situación de hostigamiento. No hace falta esperar a que el hecho se repita si es grave y requiere protección inmediata. Los episodios relevantes quedarán asentados en un registro confidencial con los hechos, las medidas adoptadas y su seguimiento.
En el nivel inicial y primario, ante agresiones reiteradas, hostigamiento, discriminación o faltas graves, la escuela deberá convocar formalmente a la familia y acordar medidas de acompañamiento. En secundaria, según la gravedad, el texto prevé advertencias formales, actividades educativas obligatorias y medidas de reparación. Antes de aplicar cualquier sanción, el estudiante señalado tendrá derecho a conocer los hechos que se le atribuyen y a dar su versión.
Si la escuela no actúa, interviene la supervisión
El proyecto contempla qué pasa cuando la institución omite actuar, incumple un protocolo o no logra frenar un conflicto reiterado. En esos casos, la supervisión escolar deberá dejar instrucciones por escrito, fijar plazos y elevar las actuaciones cuando corresponda. El Consejo Provincial de Educación quedará a cargo de definir los tiempos de respuesta y de informar cada año a Diputados sobre la aplicación del régimen, sin identificar a los estudiantes.
La iniciativa amplía el enfoque de otro proyecto que Nuevo Día ya había informado en septiembre, centrado en el ciberbullying. Este expediente va más allá: fija cómo debería responder la escuela también ante agresiones presenciales, qué protección debería ofrecer y quién tendría que intervenir si el problema continúa.
