La empresa que crecía con el RINI y ahora le debe $2.443 millones a los bancos

¿Qué llevó a la empresa que producía 75.000 pallets por mes a deberle más de $2.443 millones a los bancos? La historia detrás del concurso preventivo que sacude al Parque Industrial de Gualeguaychú.

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La empresa que crecía con el RINI y ahora le debe $2.443 millones a los bancos
La empresa que crecía con el RINI y ahora le debe $2.443 millones a los bancos

La firma familiar Palletizate, radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, pidió su concurso preventivo con una deuda que asciende a $2.443.251.075. La empresa, que en 2023 llegó a producir 75.000 pallets por mes, hoy atraviesa una crisis que sus propietarios atribuyen a una combinación de factores macroeconómicos, según consta en el expediente judicial.

El pedido fue formalizado por los socios Oscar Alberto Portela, Vladimir Oscar Portela y Mauro Joaquín Portela, con el patrocinio del abogado Leandro Ferrando. Ante la Justicia, los representantes de la firma hablaron de una "confluencia de factores macroeconómicos" que incluyó inflación, incremento de la estructura de costos operativos y caída de la demanda interna. Según el expediente, la empresa informó que cuenta con 80 acreedores y 33 trabajadores en relación de dependencia.

De referente regional a la cesación de pagos

Fundada en 2007 por Oscar Portela junto a sus hijos Mauro y Vladimir, Palletizate se dedicaba al recupero, fabricación y comercialización de pallets de madera, además de ofrecer servicios de gestión y recolección de residuos sólidos industriales. Antes de la crisis, se había consolidado como un referente regional en sustentabilidad y producción responsable.

El 7 de octubre del año pasado, la empresa fue noticia provincial porque el gobierno aprobó su proyecto para obtener los beneficios del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). En esa oportunidad, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico visitaron la planta.

Sin embargo, los números ya mostraban señales de alerta. Según declaraciones de sus propietarios al medio Dos Florines en octubre del año pasado, en ese momento producían 35.000 pallets por mes, lejos del pico de 75.000 alcanzado en 2023. En esa entrevista, Mauro Portela describía la situación del mercado: "Se ha contraído mucho. El sector logístico está fuerte, pero el industrial ha decaído en general un 20 o 30% de lo normal".

El camino judicial

En la presentación judicial, los socios explicaron que "la crisis obedeció a la confluencia de factores macroeconómicos, inflación, incremento de la estructura de costos operativos, caída de la demanda interna y alargamiento de los plazos en la cadena de pagos, sumados a la absorción de recursos por el encarecimiento de líneas de financiamiento a corto plazo y de los descubiertos bancarios".

Indicaron además que las inversiones realizadas en 2025 y las medidas de ajuste no lograron revertir el cuadro, y que el estado de cesación de pagos se materializó a partir del rechazo de cheques por falta de fondos el 3 de marzo de 2026. También pidieron medidas cautelares sobre cuentas corrientes bancarias y la suspensión del cobro de cheques diferidos.

El 24 de julio de este año, el juzgado civil y comercial N° 3 de Gualeguaychú declaró su incompetencia para continuar con el trámite y remitió el expediente al Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución de Concepción del Uruguay, a cargo de Máximo Agustín Mir. El magistrado declaró abierto el concurso preventivo de Palletizate y dispuso como medidas cautelares la suspensión del pago de cheques diferidos librados con anterioridad a la presentación y el mantenimiento operativo de las cuentas corrientes bancarias.

Debido a la magnitud de la deuda, la complejidad del caso y el número de trabajadores y acreedores, la Justicia asumió la dirección del proceso y fijó las fechas del período concursal. Se integró un Comité de Control conformado por los tres acreedores de mayor monto: Banco de la Nación Argentina, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Supervielle, más un representante de los trabajadores.

En la resolución del juez Mir se estableció el 9 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la Sindicatura. También se decretó la inhibición general de bienes de la deudora, con oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos y al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). La Sindicatura deberá presentar los informes finales entre el 26 de noviembre de 2026 y el 15 de febrero de 2027.

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