La empresa de juegos que nació al calor del clan Ale quiso volver a operar: la respuesta que recibió

La Unidad de Información Financiera le cerró la puerta a Point Limits, la firma que la Justicia señaló como uno de los vehículos societarios del clan Ale para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. La sociedad venía intentando regularizar su situación desde 2025 para seguir funcionando como Sujeto Obligado, pero el organismo consideró que sus antecedentes son incompatibles con esa responsabilidad.

Según explicaron fuentes citadas por el medio, Point Limits no era un actor nuevo en el rubro. La empresa ya desarrollaba actividades vinculadas a los juegos de azar desde años antes de que arrancara la causa penal y estaba registrada en el sistema de la UIF desde el 15 de septiembre de 2011. Para cuando la investigación federal contra el clan Ale tomó impulso, la sociedad ya estaba en marcha y contaba con habilitaciones para explotar juegos de azar.

El origen de la investigación

La causa judicial contra el clan Ale se inició en 2013 y puso a Point Limits en el centro del análisis patrimonial de la organización. Ese año, durante los allanamientos, se secuestró dinero en efectivo en locales de la firma. Después, la Justicia dispuso medidas de intervención sobre la sociedad y la clausura de sus casas de juego.

En 2014, el Ministerio Público Fiscal identificó públicamente a la empresa como una de las compañías vinculadas al Clan Ale y sostuvo que su actividad podía funcionar como pantalla para el lavado de dinero.

Qué determinó la sentencia

La sentencia contra los principales integrantes de la organización tuvo por acreditado que los hermanos Adolfo y Rubén Ale dirigieron una asociación ilícita vinculada, entre otros delitos, con la usura, la extorsión, la explotación económica de la prostitución y el comercio de estupefacientes. También quedó establecido que usaron actividades formalmente lícitas para mezclar, disimular y dar apariencia legal a fondos provenientes de esas actividades.

Dentro de ese esquema, Point Limits fue considerada uno de los vehículos societarios utilizados para canalizar recursos y darles apariencia de licitud.

Pese a esos antecedentes y a la posterior condena de Adolfo Ángel Ale a diez años de prisión por lavado de activos y como jefe de una asociación ilícita, la sociedad siguió procurando sostener su actividad. Su registración ante la UIF había quedado bloqueada y, durante 2025 y 2026, la firma hizo distintas presentaciones para regularizarla y obtener de nuevo una constancia que le permitiera continuar operando como Sujeto Obligado.

El argumento de la UIF

Desde el organismo explicaron en un comunicado de prensa que revisaron integralmente los antecedentes de la sociedad, de sus autoridades y de sus beneficiarios, y resolvieron que no correspondía permitir su continuidad dentro del sistema preventivo.

"La decisión no se limita a una cuestión formal de documentación: se funda en la falta de idoneidad de quienes controlaron la empresa y en la incompatibilidad entre esos antecedentes y las responsabilidades que la legislación asigna a un operador de juegos de azar en materia de prevención del lavado de activos", señalaron.