La diputada nacional recibió un dictamen adverso y ahora el juez definirá su destino judicial

Un dictamen del Ministerio Público Fiscal se pronunció en contra de la diputada nacional Soledad Molinuevo en la causa que tramita el juez Pedro Cagna. La agente fiscal Ana María Rosa Paz consideró que la Justicia provincial es competente para resolver el litigio, lo que representa un nuevo revés para la dirigente de La Libertad Avanza.

El conflicto judicial se originó a partir de una demanda interpuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo el 13 de marzo pasado. El mandatario consideró agraviantes ciertas publicaciones que Molinuevo había realizado en sus redes sociales.

En esas publicaciones, la diputada vinculaba al gobierno con “prácticas mafiosas” y realizaba otras expresiones que motivaron la acción judicial. La representante legal del gobernador, Paula Morales Soria, argumentó que no se trataba de críticas a la gestión sino de imputaciones de delitos sin pruebas.

¿Qué argumentó la defensa de la diputada?

Por su parte, Molinuevo -con el patrocinio de Ricardo José Tomás Paz- sostuvo que la causa debía ser tramitada por la Justicia Federal. Su posición se basaba en que se veían comprometidas las prerrogativas que detentan los miembros del Congreso de la Nación.

Sin embargo, el dictamen fiscal desestimó estos argumentos. La agente fiscal Paz señaló que “el objeto del litigio constituye una controversia de derecho común, vinculada a la eventual responsabilidad derivada de expresiones públicas”.

En el documento se incluyó jurisprudencia que establece que la competencia federal sólo se justifica cuando “los hechos aparecen vinculados al desempeño de sus funciones” como funcionario. La fiscalía consideró que este no era el caso.

¿Qué consecuencias tuvo la medida judicial?

El juez Cagna ya había dictado una medida autosatisfactiva el 15 de marzo que ordenó a la diputada la eliminación de las publicaciones cuestionadas. Molinuevo cumplió con esta orden, pero lo hizo “bajo protesta”, manteniendo su posición de que la medida era improcedente.

Además, la dirigente planteó ante la Justicia Federal la inhibitoria de los tribunales provinciales, pero esta acción judicial no prosperó. Ahora, con el dictamen adverso del Ministerio Público Fiscal, el expediente pasó al despacho del juez para la resolución final.

En términos procesales, la opinión fiscal no es vinculante, pero representa un importante antecedente. La agente fiscal resumió su posición indicando que, a su criterio, esa sala del fuero civil y comercial local “es competente para continuar entendiendo en la presente causa”.

El dictamen señaló específicamente que “no existe en el caso una cuestión federal que justifique la intervención de la justicia de excepción, ni mucho menos un supuesto que autorice a desplazar la jurisdicción provincial”.

Con este nuevo desarrollo procesal, el juez Pedro Cagna de la V° Nominación pasará a dictar sentencia respecto a la competencia federal planteada por Molinuevo. La resolución determinará si la causa continúa en la Justicia provincial o si debe ser remitida al fuero federal.