La deuda que ahoga a los santacruceños: el monto promedio que nadie quiere mostrar

Santa Cruz se metió en el podio de las provincias más endeudadas del país. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos del Banco Central, reveló que el 20,6% del dinero prestado a las familias santacruceñas está en situación irregular, con atrasos que superan los 90 días. El dato corresponde a junio de 2026 y solo es superado por La Rioja.

La cifra no significa que uno de cada cinco habitantes de la provincia sea moroso. El indicador mide qué porción del crédito familiar está en problemas. Pero hay un número que golpea más fuerte: quienes ya cayeron en mora arrastran una deuda promedio de $4.257.842, el segundo monto más alto del país, solo por detrás de Tierra del Fuego.

El mapa de la mora

El ranking nacional lo lidera La Rioja, con 23,1%. Santa Cruz comparte el segundo escalón con Catamarca, ambas con 20,6%, seguida por San Luis (20,5%) y San Juan (20%). En el otro extremo aparecen La Pampa, con apenas 8,7%; CABA, con 10%; Entre Ríos, con 12,6%; Santa Fe, con 12,7%; y Córdoba, con 12,9%.

El promedio nacional de morosidad, sumando bancos y proveedores no financieros, rondaba el 15,5% en junio. Santa Cruz se ubicaba 5,1 puntos porcentuales por encima. Y el compromiso promedio de un deudor moroso santacruceño superaba en un 71% la media del país, que era de $2.490.084.

Un problema que no es solo de acá

El fenómeno se aceleró en los últimos dos años en todo el territorio argentino. En junio había 20,96 millones de personas endeudadas con bancos o proveedores no financieros, y 5,91 millones presentaban alguna deuda en situación irregular. La mora bancaria de las familias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026. Entre los proveedores no financieros, donde operan billeteras virtuales y fintech, el salto fue aún más brutal: del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1%.

El propio BCRA confirmó en su último informe que la morosidad bancaria de las familias se mantuvo en 12,8% en junio, aunque con una leve estabilización mensual.

Qué dice el Gobierno nacional

La discusión no es solo estadística. Hasta ahora, el Ejecutivo nacional decidió no implementar un programa general de rescate o refinanciación de deudas familiares. En una conferencia de Casa Rosada del 4 de agosto, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que al Gobierno le preocupa el problema, pero ratificó que considera la mora una cuestión entre privados.

Ravier dijo que esperan que bancos y deudores acuerden extender plazos y reducir tasas, y rechazó usar recursos públicos para cancelar o subsidiar de manera generalizada obligaciones privadas. Esa posición también fue sostenida públicamente por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según CEPA, préstamos personales y tarjetas de crédito explicaban el 73% del saldo irregular bancario de las familias a mayo, mientras que el servicio de la deuda representaba en abril el 24,1% de la masa salarial. Los datos no permiten aislar cuánto del 20,6% santacruceño responde a factores nacionales y cuánto a características locales del mercado laboral, el costo de vida o la estructura del crédito.

El plan provincial y el pedido de Río Gallegos

A diferencia de la decisión nacional, el Gobierno de Santa Cruz puso en marcha en abril un Plan de Alivio Financiero para trabajadores activos y jubilados provinciales endeudados con el Banco Santa Cruz. Para mediados de junio se habían concretado 3.270 planes de regularización por más de $39.200 millones. El esquema permite consolidar deudas, extender la financiación hasta 72 meses y acceder a una tasa preferencial subsidiada por la Provincia.

En julio, el Ejecutivo provincial extendió el programa hasta el 31 de diciembre de 2026 y amplió el universo: inicialmente podían acceder quienes tuvieran comprometido al menos el 75% de su salario; ese piso bajó al 60%. La herramienta, sin embargo, está enfocada en trabajadores y pasivos provinciales alcanzados por el convenio, por lo que no resuelve el conjunto del endeudamiento de las familias santacruceñas.

En Río Gallegos también hubo movimientos. En mayo, el Concejo Deliberante aprobó un pedido para que el Municipio avanzara en gestiones destinadas a facilitar un mecanismo de refinanciación para empleados municipales y jubilados. Más recientemente, el intendente Pablo Grasso impulsó un Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, que propone refinanciar tarjetas y préstamos, poner límites a los descuentos salariales y brindar asistencia jurídica. La iniciativa todavía debe atravesar el debate legislativo provincial y no es una política vigente.

Mientras la Nación apuesta a que el mercado y los propios deudores encuentren la salida, en Santa Cruz se activaron herramientas públicas para sectores específicos y surgieron nuevas propuestas para ampliar el alivio. Los números del BCRA muestran que la provincia sigue entre las más comprometidas del país y que la morosidad familiar es un problema que excede largamente las fronteras santacruceñas.