La deuda millonaria por el agua que terminó en la Justicia: quién la pagó y quién no
Los vecinos de Santo Tomé pagan la tasa del agua, pero el municipio acumula una deuda millonaria con ASSA. La empresa la llevó a la Justicia, y la exintendenta ya salió a responder: ¿quién tiene la culpa?
El conflicto por el agua potable entre Aguas Santafesinas (ASSA) y el municipio de Santo Tomé escaló a los tribunales. La empresa provincial, con el respaldo del Gobierno de Santa Fe, inició una demanda contra la comuna para recuperar una deuda que supera los $6.000 millones por el suministro en bloque a través del Acueducto Desvío Arijón.
La particularidad del caso es que, a diferencia de otras localidades donde ASSA presta el servicio directo a los usuarios, en Santo Tomé la distribución y el cobro siguen en manos municipales. La firma estatal provee el agua tratada a granel y le factura al municipio, que traslada ese costo a las boletas de los vecinos. Sin embargo, esos fondos no habrían llegado a la prestadora.
El reclamo y su origen
La demanda busca recuperar los créditos adeudados y, según voceros de ASSA, también "resguardar los recursos públicos comprometidos por el suministro de agua potable". La acción judicial apunta a esclarecer el destino de lo recaudado mediante la tasa sanitaria.
El reclamo no surgió de la nada. En septiembre de 2025, el concejal Rodrigo Alvizo ya había advertido que el pasivo superaba los $2.500 millones y proyectaba un fuerte incremento por intereses. Sus dichos ahora cobran relevancia ante la magnitud del monto reclamado.
El cruce político
La exintendenta Daniela Qüesta salió al cruce de las versiones y aseguró que al finalizar su mandato, en diciembre de 2023, dejó "las cuentas al día y sin un solo centavo de deuda con ASSA". De esta manera, trasladó la responsabilidad del desfase a la administración actual.
Mientras tanto, los vecinos de Santo Tomé siguen pagando la tasa del servicio, pero el dinero no termina de llegar a la empresa que provee el agua. La disputa, que ahora está en manos de la Justicia, deja en evidencia un problema institucional que afecta directamente al bolsillo de los contribuyentes.