La desesperante lucha de un epiléptico de Salta: la justicia lo ampara pero ANSSES no cumple

Germán Luis Corimayo, un hombre de 40 años que vive en La Caldera, enfrenta una situación límite: desde enero perdió su jubilación y su obra social, y hoy depende de la caridad de sus vecinos para subsistir y conseguir la medicación que le salva la vida. Aunque la justicia federal ya ordenó restituirle sus derechos y el organismo nacional se allanó, nada se ha cumplido.

Corimayo trabajó durante una década en la Dirección Provincial de Vialidad, pero una enfermedad neurológica que le provoca convulsiones lo obligó a jubilarse por invalidez en 2022. Tras cumplir todos los trámites, cobró sus haberes con normalidad hasta diciembre de 2025 y mantuvo la cobertura médica del IPS, fundamental para sus controles y su medicación diaria.

Sin embargo, el 1 de enero de 2026, la ANSSES le comunicó que, según un informe de la ART, su discapacidad era solo del 10%, por lo que le quitó la jubilación y, de paso, la obra social. Desde entonces, su vida se convirtió en una pesadilla.

¿Qué dice la justicia?

Con la ayuda de su abogado, Jorge Borja, Corimayo presentó una queja ante la ART y una medida cautelar innovativa. La Cámara Federal de Salta falló a su favor, y la ANSSES se allanó, comprometiéndose a pagar retroactivamente y a restituir la cobertura médica. Pero ya pasaron más de siete meses y nada de eso ocurrió.

“Es insólito que un organismo del Estado nacional no dé cumplimiento a una disposición dictada por la propia justicia federal”, denunció Borja en diálogo con El Tribuno.

El riesgo de vida

Mientras tanto, Corimayo, que sigue viviendo en La Caldera, depende de la solidaridad de sus vecinos para comer y para conseguir las pastillas que evitan sus convulsiones. El estrés y la angustia no hacen más que empeorar su cuadro, poniéndolo en un estado de extrema vulnerabilidad y riesgo de vida.

Borja explicó que la ley exige una junta médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a los tres años de obtener el beneficio, y que ese dictamen determinó el 10% de invalidez, algo que consideran “de ninguna manera se ajusta a la realidad”. “Es epiléptico con una patología crónica”, remarcó.

El abogado apeló ese dictamen y presentó la medida cautelar, que fue aceptada en mayo. Pero la ANSSES, pese a allanarse, no cumplió. “Ya hice todo lo que correspondía”, sentenció Borja, y por eso decidieron recurrir a los medios para visibilizar el caso.