La denuncia que sacude al Odeón: el adicional que cobraba la hija del expresidente
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La denuncia que sacude al Odeón: el adicional que cobraba la hija del expresidente

Una denuncia penal contra el expresidente del Odeón y su hija pone la lupa en un adicional que cobraba ella: no hay resolución que lo respalde y el reclamo laboral supera los 1.800 millones. Qué dicen los contadores que liquidaban esos sueldos.

Una presentación penal firmada por las actuales autoridades de la Fundación Odeón puso bajo la lupa los sueldos que percibía María Fernanda Aragón, hija del último presidente de la institución, Jorge Isaac Aragón, y un reclamo laboral que supera los 1.800 millones de pesos.

El escrito, al que tuvo acceso El Diario, no se limita a discutir esa suma: reconstruye cómo se habrían fijado y liquidado esas remuneraciones durante años y pide investigar si existió administración fraudulenta.

Quiénes firman la denuncia

La presentación lleva las firmas de Osvaldo Pérez Hatoum y Gloria Warner, presidente y secretaria del Consejo de Administración de la Fundación. Son siete páginas en las que se describen dos situaciones que, a criterio de los denunciantes, podrían encuadrarse en el delito de administración fraudulenta.

La calificación provisoria que se asigna es la de defraudación por administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, en concordancia con los artículos 172 y 45. Los firmantes aclaran que no pretenden una condena anticipada: lo que piden es que la Fiscalía determine quién tomó las decisiones, quién liquidó los pagos y si hubo un perjuicio patrimonial para la institución.

El vínculo familiar y el contexto

Jorge Isaac Aragón fue el último intendente de Concordia durante la dictadura militar y luego presidió la Fundación Odeón. Su hija, según el documento, se desempeñaba como trabajadora dependiente y es quien inició el reclamo laboral por más de 1.800 millones de pesos.

El escrito no se agota en ese reclamo. También reconstruye cómo se habrían decidido y liquidado sus haberes a lo largo del tiempo, quiénes daban las instrucciones a los estudios contables y de qué modo intervino Jorge Aragón cuando su hija intimó a la Fundación a que le reconociera una antigüedad que se remontaba a septiembre de 1998.

El adicional que superaba el básico en un 160%

El punto más delicado aparece en las remuneraciones que María Fernanda Aragón habría percibido desde agosto de 2016. De acuerdo con la revisión documental que hizo la actual conducción, la trabajadora cobraba por encima de la escala convencional gracias a un Adicional complementario de servicio que, en promedio, habría superado en un 160% el básico de convenio.

Pagar más que el convenio no es, por sí solo, irregular. El problema que señala la denuncia es otro: no encontraron ninguna resolución del Consejo de Administración que hubiera dispuesto, autorizado o ratificado ese beneficio. A eso se suma el vínculo familiar: Jorge Aragón presidía la Fundación mientras su hija era empleada dependiente.

Los contadores y las instrucciones

La presentación menciona al contador Ricardo Begué, quien habría comenzado a realizar las liquidaciones del personal alrededor de noviembre de 2016. Según el relato que se incorpora al escrito, el profesional habría manifestado que, al iniciar esa tarea, María Fernanda Aragón se presentó personalmente en su estudio y le indicó expresamente cómo debía liquidarse su remuneración y qué importes adicionales debía percibir.

También se nombra al anterior contador de la institución, Julio Schmukler, un profesional reconocido que en agosto de 2026 fue condenado en el marco de la megacausa por fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). De acuerdo con los denunciantes, Schmukler habría sostenido que las decisiones de esa naturaleza las adoptaba habitualmente Jorge Isaac Aragón.

El escrito afirma que, durante ese período, la gestión administrativa cotidiana habría quedado fuertemente concentrada en Jorge Isaac Aragón y en su hija.

Qué pide la denuncia

Por eso, la presentación solicita que ambos contadores sean convocados a declarar para reconstruir quién impartía las instrucciones y si existía alguna decisión del órgano de administración que respaldara los pagos.

El texto no incluye la versión de los denunciados.

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