La denuncia que prometía voltear la UNT se derrumbó: el fiscal dijo que no hubo delito
¿Se quedaron sin argumentos? El fiscal federal desestimó la denuncia de Cabrera y Abdala contra la Junta Electoral de la UNT. Los detalles de un dictamen que sacude la pelea por el rectorado.
El fiscal federal Agustín Chit pidió archivar la causa contra la Junta Electoral de la UNT por inexistencia de delito. La denuncia de Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala por presunto incumplimiento de una medida cautelar no prosperó. Ahora la pelota está en manos del juez Díaz Vélez.
Todo arrancó cuando Cabrera y Abdala, ex candidatos al rectorado, fueron a la Justicia para que interpretara si Sergio Pagani podía ir por un tercer mandato. Consiguieron una cautelar que frenó su candidatura, pero la Junta Electoral, en vez de proclamarlos a ellos, suspendió la elección de rector y pidió readecuar el cronograma al Consejo Superior. Eso los enfureció.
Presentaron una denuncia penal contra los miembros de la Junta —Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández— por desobediencia. Sostuvieron que, al quedar una sola lista, el artículo 81 del régimen electoral ordenaba la proclamación automática. La Cámara Federal, sin embargo, ya había dicho que la adecuación del cronograma era “una carga exclusiva de la universidad”.
¿Qué dijo el fiscal?
Chit reconstruyó todo el proceso electoral y judicial. Concluyó que la Junta no desobedeció, sino que actuó para cumplir con la cautelar. “Las decisiones adoptadas por la Junta Electoral, y ratificadas por el Consejo Superior de la UNT, resultaron una actividad necesaria y lógica”, afirmó en su dictamen. Agregó que la cuestión de fondo aún no está resuelta y que “no existen a la fecha candidatos excluidos”.
El fiscal fue más allá: advirtió que si se hubiera proclamado a Cabrera y Abdala, habría sido por la cautelar, no por voluntad de los votantes. “La democracia y autonomía universitaria terminaría siendo dirimida por los fallos de la justicia”, sostuvo.
¿Y ahora qué pasa?
El juez federal N° 3, José Manuel Díaz Vélez, tiene la última palabra. Debe analizar el dictamen y darles a los denunciantes la chance de cuestionarlo. Si acepta el archivo, la causa muere. Si no, la investigación sigue. Mientras tanto, la UNT sigue esperando una definición que despeje el futuro electoral.
