Flávio Bolsonaro entró por el puente Tancredo Neves y salió menos de una hora y media después en un avión privado. La fiscalía de Iguazú cerró la denuncia al ver todo en regla, pero en Comodoro Py hay una causa que apunta a funcionarios nacionales y a la organización del vuelo.
La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú cerró la denuncia por el presunto ingreso irregular de Flávio Bolsonaro a la Argentina. El fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez concluyó que el dirigente brasileño entró y salió del país con registros migratorios en regla y que no hubo delito en la jurisdicción misionera.
La decisión, sin embargo, no termina el asunto: en Comodoro Py sigue abierta una investigación sobre cómo se organizó el vuelo privado y si hubo funcionarios argentinos involucrados en facilitar el traslado.
Qué dicen los registros migratorios
El dictamen se apoyó en informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de Interpol. Según los datos incorporados al expediente, Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre a las 22.37 por el puente internacional Tancredo Neves y registró su salida ese mismo día a las 23.52 desde el aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú, en un vuelo privado con destino a Ecuador.
Interpol, por su parte, informó que no existían restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra el dirigente brasileño al momento de la consulta, ni antecedentes de medidas restrictivas internacionales.
Con esos elementos, Martínez sostuvo que Bolsonaro contaba con la documentación y las habilitaciones necesarias para ingresar, transitar y salir del territorio nacional, y consideró que no correspondía avanzar con otras medidas pedidas por los denunciantes, como el relevamiento de cámaras de seguridad, la documentación aeroportuaria o los requerimientos a empresas de transporte.
Quiénes habían denunciado
Las presentaciones que originaron la investigación en Puerto Iguazú las habían hecho Daniel Ricardo Monterde y la diputada nacional Marcela Pagano. Ambos plantearon posibles irregularidades en el cruce fronterizo, en los controles migratorios y una eventual participación de empresas privadas.
La causa que sigue en Buenos Aires
El archivo en Misiones queda acotado a las posibles irregularidades migratorias examinadas en esa jurisdicción. La fiscalía de Puerto Iguazú aclaró que las sospechas sobre la contratación de la aeronave y el eventual uso de recursos exceden su competencia territorial, porque el avión había partido antes desde Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso remitió una copia de la resolución a la Fiscalía Federal N° 10, que interviene en la causa CFP 5270/2026, radicada ante el Juzgado Federal N° 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.
En ese expediente se incorporaron las denuncias de Gabriel Solano y Esteban Paulón, quienes pidieron investigar si integrantes del Gobierno nacional colaboraron para facilitar el traslado del dirigente brasileño. Las presentaciones mencionaron al presidente Javier Milei, al asesor Santiago Caputo, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En el marco de esa investigación, Capuchetti había ordenado preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, sus inmediaciones y la pista de aterrizaje. También solicitó informes a la Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones.
Así, mientras la Justicia misionera dio por cerrada la parte migratoria, la Justicia federal porteña deberá avanzar sobre las sospechas vinculadas con la organización del vuelo privado y las eventuales gestiones oficiales.
