La dejaron sola en el geriátrico de Crespo y ahora el dueño deberá pagar
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La dejaron sola en el geriátrico de Crespo y ahora el dueño deberá pagar

La Justicia de Paraná resolvió que el dueño del geriátrico de Crespo donde una mujer de 85 años fue encontrada sola deberá pagar una reparación económica y cumplir reglas de conducta por un año y medio. La causa se inició por abandono de persona y el abogado querellante habló de un trato deshumanizante.

Una mujer de 85 años fue hallada sin nadie que la asistiera en una residencia de Crespo. La Justicia de Paraná resolvió que el responsable del lugar pague una reparación económica y cumpla reglas de conducta durante un año y medio.

El caso se originó por la denuncia del hijo de la anciana, quien advirtió que su madre, alojada en una residencia denominada Plácida Esperanza, había quedado sin asistencia. La investigación penal concluyó con una suspensión del juicio a prueba, un mecanismo que evita la condena si el imputado cumple las obligaciones impuestas.

La audiencia se realizó en el Salón N.º 3 de los Tribunales de Paraná, ante el Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo de la jueza Elisa Zilli. El imputado, identificado con las iniciales S.I.E. y con domicilio en Crespo, deberá mantener un domicilio fijo e informar cualquier mudanza, viaje o ausencia. También se fijó una reparación económica para la familia de la víctima y un aporte mensual a una institución de bien público, que determinará la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial.

Una situación de abandono total

El abogado querellante Pablo Gordillo, quien intervino junto a su colega Tomás Vírgala, describió las condiciones en las que se encontraba la mujer. Tenía discapacidad visual, un estado de salud delicado y limitaciones físicas que le impedían valerse por sí misma. Dependía de otras personas para alimentarse, higienizarse y recibir los cuidados básicos.

La denuncia se concretó cuando el hijo comprobó que su madre estaba sola en la residencia. Solicitó la intervención de la Comisaría de Crespo y regresó al establecimiento con personal policial.

"Cuando accede al hogar gerontológico junto con el personal policial, se verifica que no había nadie, estaba sola; en una situación prácticamente de abandono total", relató Gordillo.

El letrado calificó el cuadro como "muy angustiante, muy chocante a nivel emocional". Consideró que el caso excedió una prestación deficiente del servicio: "Se requirió la respuesta judicial ante una situación en que el trato se deshumanizó".

"Las instituciones geriátricas no son depósitos de personas", remarcó Gordillo. Y agregó: "En este caso particular, se verificaron falta de cuidados mínimos, pero mínimos. Muy esenciales".

Graves deficiencias comprobadas

El representante de la familia destacó el trabajo de la Fiscalía para reunir pruebas. Aseguró que las irregularidades quedaron acreditadas durante la investigación y que no se trató solo de la preocupación de los familiares.

"Esta mujer, una adulta mayor, padeció, sufrió y eso lo dejamos plasmado mediante comprobaciones. No fue sólo angustia de la familia", sostuvo Gordillo. Explicó que, tras dejar la residencia, la víctima necesitó atención para intentar revertir las consecuencias de los cuidados deficientes.

La mujer falleció tiempo después, aunque el abogado aclaró que su muerte ocurrió por circunstancias ajenas a los hechos investigados. La causa se inició por el delito de abandono de persona.

Otro punto relevante fue la situación administrativa del establecimiento. Según Gordillo, el responsable había iniciado los trámites municipales para obtener la habilitación, pero nunca logró la autorización definitiva.

"Si bien había un requerimiento administrativo de autorización de funcionamiento, en ningún momento estuvo autorizado definitivamente como tal", señaló el abogado. Pese a ello, la residencia siguió funcionando y allí ocurrió el episodio denunciado. Luego, el imputado dejó la actividad y cerró el emprendimiento.

Qué resolvió la Justicia de Paraná

Durante la audiencia se acordó una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Este mecanismo suspende el proceso penal bajo condiciones, sin implicar una condena, siempre que el imputado cumpla las obligaciones judiciales.

Gordillo detalló que el responsable deberá mantener un domicilio determinado e informar de inmediato al Juzgado cualquier mudanza, viaje o ausencia. Además, se fijó una reparación económica para la familia de la víctima por el trato recibido. También deberá hacer un aporte mensual a una institución de bien público, que determinará la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial. Estas obligaciones regirán por un año y medio, el mismo plazo de las reglas de conducta.

Qué pasa si incumple

El abandono de persona es un delito grave en la legislación penal argentina. Según las circunstancias y las consecuencias comprobadas, las penas pueden agravarse considerablemente.

"El estricto respeto de estas reglas de conducta fijadas, es lo que condiciona o garantiza el evitar que esta imputación finalice en un juicio penal", advirtió Gordillo. El cumplimiento de las pautas será determinante para que la suspensión del proceso continúe.

El querellante aclaró que las obligaciones recaen sobre el responsable directo de la residencia, identificado como titular del geriátrico durante el período investigado.

Un llamado a controlar las residencias para adultos mayores

Tras la resolución, Gordillo manifestó que la familia encontró una respuesta judicial que ayuda a procesar el dolor. "Fue muy triste, pero se obtuvo la respuesta judicial que permite trabajar en el dolor de la situación que atravesaron los familiares", expresó.

El abogado destacó la decisión del hijo de denunciar las condiciones en las que estaba su madre. Consideró que el caso debe servir para reflexionar sobre los controles públicos, las habilitaciones y las responsabilidades de quienes administran establecimientos para personas mayores.

"Son instituciones necesarias en la vida en comunidad, pero deben estar autorizadas", sostuvo. Y remarcó la necesidad de mantener una comunicación permanente con las familias y garantizar que la salud, el bienestar emocional y el respeto por la dignidad humana sean prioridades en estos espacios.

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