La Defensoría del Pueblo le dijo no a la suba de la luz en Tucumán: los 3.600 reclamos que complican a EDET
La Defensoría del Pueblo de Tucumán le puso el cuerpo al expediente del ERSEPT y pidió que no se aplique ningún aumento en la luz. Con 3.600 reclamos de usuarios sobre la mesa y una consulta pública que ya venció, el organismo apunta contra el procedimiento del ente regulador. ¿Qué encontraron en los papeles que presentó EDET?
La Defensoría del Pueblo de Tucumán formalizó su rechazo al pedido de aumento tarifario en el servicio de energía que presta EDET S.A. y pidió que no se aplique ninguna actualización en las facturas. La presentación, encabezada por Agustín Fernández, se metió de lleno en el expediente del Ente Provincial de Regulación de los Servicios Públicos (ERSEPT) y cuestionó tanto el fondo como la forma del proceso de revisión.
El organismo fundamentó su postura en tres ejes: el fuerte desfasaje entre las tarifas y la inflación, la falta de transparencia en los costos que presentó la distribuidora y el deficiente servicio que reciben los usuarios, respaldado por miles de quejas vecinales acumuladas.
El argumento del bolsillo: tarifas que corren más rápido que la inflación
Uno de los puntos centrales del planteo es la brecha entre el costo del servicio y el índice de precios. Según la Defensoría, "el incremento en la tarifa, desde noviembre de 2025, se ubica cercano al 60%, mientras que el IPC subió un 27%".
Para el organismo, esa diferencia genera un "impacto severo en la economía familiar" y vuelve insostenible el ajuste cuando se lo compara con los ingresos de la población. En ese sentido, advirtieron que "los aumentos tarifarios impactan directamente en los hogares y pymes tucumanas".
Los papeles que faltan y la auditoría imposible
La institución también apuntó contra la documentación técnica que respalda la solicitud de la empresa eléctrica. Denunció que "no se publicó oportunamente la matriz de costos", una omisión que, según indicaron, "imposibilita la auditoría real de la tarifa".
Ese faltante de información no es un detalle menor: sin la matriz de costos publicada, el control ciudadano sobre cómo se compone el precio de la luz queda reducido a la nada.
3.600 quejas que pesan en el expediente
El malestar de los usuarios fue otro de los pilares del rechazo. La Defensoría acompañó al expediente un registro de "aproximadamente 3.600 reclamos y consultas de usuarios, recibidos entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026", que presentó como prueba de las fallas continuas en el suministro.
Ese volumen de quejas, sumado a los cuestionamientos técnicos, le dio a la presentación un peso que el ERSEPT difícilmente pueda ignorar.
Críticas al ERSEPT: plazos, publicidad y una consulta solo digital
La presentación también cargó contra los mecanismos formales que adoptó la autoridad de aplicación. La Defensoría detectó "serias deficiencias en el procedimiento, entre ellas la falta de información relevante, el incumplimiento de plazos y una publicidad insuficiente, lo que afectó el derecho a una participación ciudadana efectiva".
En ese marco, rechazó el esquema de participación implementado por el ente estatal: "se sostuvo la inconveniencia de un procedimiento puramente digital por limitar el debate y recortar los derechos ciudadanos". En su lugar, reclamó "convocar a una Audiencia Pública en modalidad presencial y virtual, asegurando el acceso a la documentación y una publicidad suficiente".
Qué dice la resolución que abrió el debate
El planteo de la Defensoría surge en respuesta a la Resolución Nº 661/26 del ERSEPT, mediante la cual el ente regulador dio inicio a una Consulta Pública Documentada exclusivamente digital para evaluar una revisión extraordinaria del Valor Agregado de Distribución (VAD) de EDET S.A. correspondiente al trimestre agosto-octubre de 2026.
La medida se fundamentó en los análisis de variación de costos, que alcanzaron un 5,04% según el cálculo propio del organismo y superaron el umbral técnico del 3% habilitante. Aunque el Ente, conducido por Eduardo Cobos, aclaró que dicha apertura no implica una suba automática ni retroactiva en las facturas, habilitó una instancia de participación que ya venció y que ahora es severamente cuestionada por la Defensoría.
Con información de Contexto Tucumán.