La Defensoría del Pueblo de Tucumán: 486 empleados de planta, 60 oficinas y el 97% del presupuesto destinado a salarios

Un informe parlamentario puso bajo la lupa la estructura de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, señalando una superposición de áreas, una planta de 486 empleados permanentes y un presupuesto que en 2025 destinó el 97% de sus $8.700 millones al pago de salarios. Para 2026, la proporción sería similar.

Según el estudio, el organigrama incluye una Secretaría de Relaciones Institucionales, una Dirección de Relaciones Institucionales, una Secretaría Ejecutiva IX de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial, y una Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial, todas con funciones que se superponen.

En el área de Desarrollo y Monitoreo Institucional conviven una Secretaría, una Secretaría Ejecutiva XII, una Subsecretaría, una Dirección, una Subdirección y una Oficina con el mismo eje de trabajo. Además, hay cinco dependencias de “Despacho” y cinco secretarías de máxima jerarquía, por debajo solo del Defensor y los dos adjuntos.

El informe detectó 60 oficinas con rango jerárquico y una planta permanente de 486 trabajadores, más entre 250 y 300 contratados. También se observó una presencia significativa de apellidos vinculados políticamente, aunque la nómina no se difundió por privacidad.

Para 2026, el presupuesto proyectado es de $9.200 millones, aunque estimaciones lo llevan a superar los $10.000 millones. De ese total, el 96,87% se destinaría a salarios, unos $9.000 millones. El resto se reparte entre $120 millones para servicios, $90 millones para bienes de uso y $80 millones para bienes de consumo.

El informe vinculó la estructura con la reciente elección del nuevo Defensor, Agustín Fernández, quien fue designado el viernes 6 de marzo con 38 votos afirmativos, frente a 6 de Claudia Boyanovsky y 4 abstenciones. El texto sostiene que “no se eligió un defensor del pueblo, se pagaron favores políticos” y que “el elegido fue un dirigente político cuando debería haberse designado a alguien independiente”.

Fernández tiene una extensa trayectoria: fue concejal en Aguilares, intendente en tres oportunidades y diputado nacional. Tras su designación, adelantó que revisará el presupuesto y las funciones del personal. “No puedo adelantar nada sin conocer bien la situación”, indicó, y buscó transmitir tranquilidad a los trabajadores.

La Defensoría del Pueblo de Tucumán fue creada en 1995 por la Ley 6.644 como un órgano independiente para defender derechos fundamentales y controlar abusos del Estado. El debate actual cuestiona si su funcionamiento real se corresponde con ese objetivo.