La defensa de Tapia: los seis ejes que usó para negar su vínculo con una millonaria evasión
Frente a la Justicia, el presidente de la AFA desplegó una batería de argumentos para desvincularse de la investigación. ¿Qué dijo sobre sus viajes, su firma y la cobertura mediática que recibió el caso?
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un descargo ante la Justicia en una causa que investiga una presunta evasión impositiva cercana a los $19.000 millones. En un documento estructurado en seis ejes, el dirigente negó rotundamente cualquier participación en las maniobras denunciadas y defendió el accionar institucional del organismo.
En su presentación, Tapia buscó desestimar las acusaciones, argumentando desde su rol dentro de la entidad hasta cuestiones técnicas del régimen fiscal. Su objetivo central fue demostrar que no tuvo intervención directa en los hechos que se investigan.
¿Cuál fue el argumento principal de Tapia?
Uno de los pilares de su defensa fue la supuesta falta de participación directa. Tapia aseguró que no tuvo “intervención, injerencia o poder de decisión” en las cuestiones consideradas delictivas dentro de la investigación.
Sostuvo que los elementos incorporados al expediente demostrarían que no estuvo involucrado en la operatoria que se analiza. Este punto es clave para intentar desvincular su figura de la presunta maniobra.
La crítica a la cobertura mediática
El dirigente incluyó una fuerte crítica a la exposición mediática del caso. Sostuvo que desde que se presentó la denuncia hubo una intensa cobertura periodística en medios nacionales.
Según sus afirmaciones, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se publicaron cientos de referencias al tema. Incluso comparó la repercusión mediática del caso con conflictos internacionales, señalando que la cantidad de menciones fue inusualmente alta para una investigación judicial de este tipo.
El rol institucional y los viajes frecuentes
Otro eje de la defensa apuntó a su rol y a la dinámica de trabajo. Tapia explicó que sus funciones como presidente implican viajes frecuentes dentro y fuera del país para asistir a reuniones y eventos del fútbol internacional.
Detalló que durante 2024 estuvo 141 días fuera del país, mientras que en 2025 permaneció 139 días en el exterior. En lo que va de 2026, según su presentación, ya acumulaba 13 días fuera de la Argentina.
Para el dirigente, esa dinámica hace “materialmente imposible” que el presidente participe de la operatoria administrativa cotidiana de la entidad. Este argumento busca justificar un distanciamiento operativo de las gestiones investigadas.
La firma de los estados contables y la defensa institucional
Tapia también se refirió a la firma de los estados contables de la AFA, un punto mencionado en la investigación. Sostuvo que su firma responde únicamente a una previsión estatutaria y se realiza de manera formal, posterior a los hechos investigados y sin participación material en su elaboración.
Afirmó que ese elemento no puede interpretarse como una intervención directa en las supuestas irregularidades. Además, defendió institucionalmente a la AFA, argumentando que el organismo actuó como contribuyente dentro del marco legal.
Sostuvo que presentó en tiempo y forma las declaraciones juradas correspondientes, sin ocultamientos, y que esas presentaciones no fueron impugnadas por el organismo recaudador.
El argumento técnico final
El último punto del descargo abordó el aspecto técnico de la acusación. Tapia planteó que la imputación se basa en interpretar que una obligación no fue pagada en una primera fecha determinada.
Sin embargo, sostuvo que la normativa vigente permite realizar ese pago dentro de un plazo más amplio dispuesto por la propia administración tributaria. Argumentó que no puede sostenerse una conducta dolosa cuando el contribuyente actúa dentro de un plazo permitido por el Estado.
Para el dirigente, el accionar de la AFA se encuadra en “el ejercicio regular de un derecho conferido por un acto administrativo”, por lo que no podría considerarse una conducta antijurídica. Con este planteo, busca desarmar la base legal de la acusación por la presunta evasión de $19.000 millones.
