La decisión que tomó la Municipalidad de Rosario y dejó helados a ingenieros y arquitectos
¿Qué pasó con los aportes de ingenieros y arquitectos? La medida que tomó la Municipalidad de Rosario y que tiene en vilo a miles de profesionales.
Un decreto municipal encendió todas las alarmas en la Caja de Previsión Social de Ingeniería de Santa Fe. La medida, que elimina la exigencia de aportes previsionales al día para tramitar permisos de obra, desató una crisis que amenaza con poner en jaque 2.000 jubilaciones y la obra social de 8.000 afiliados.
Los directivos de la Caja se enteraron de la resolución el viernes al mediodía, mientras mantenían una reunión. La noticia cayó como un balde de agua fría: nadie los había convocado para discutir el tema, pese a que a fines del año pasado presentaron un proyecto para aumentar los controles a contratistas de obra pública por la alta evasión detectada. De aquel encuentro salieron con una promesa de implementar controles, pero nunca más supieron del asunto.
¿Qué dice exactamente el decreto?
La Municipalidad de Rosario decidió dejar de exigir que los profesionales que firmen pedidos de permisos y finales de obras tengan sus aportes al día. Desde la Intendencia argumentan que los requisitos para otorgar esos trámites deben limitarse a cuestiones técnicas de construcción, higiene y seguridad, y no a deudas previsionales particulares.
La medida cuenta con el respaldo de dos pesos pesados del sector: la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), que se pronunciaron a favor. Sin embargo, desde la Caja sostienen que las leyes que las regulan obligan a los organismos públicos a exigir el pago de los aportes, como ocurre con los abogados en los trámites judiciales.
La reacción de la Caja: diálogo y medida cautelar
Las autoridades de la entidad ya se comunicaron con funcionarios de la Secretaría de Planeamiento para pedir una marcha atrás, pero el decreto es tan contundente que ni siquiera establece un período de transición. Por eso, en paralelo, preparan una medida cautelar para frenar su aplicación en la Justicia. En el Palacio de los Leones descuentan que el conflicto terminará en los tribunales y están convencidos de que la normativa los avala.
La preocupación es enorme: con 10.000 profesionales activos y 2.000 jubilados, si se relajan los tiempos de pago, la Caja podría tener serias dificultades para hacer frente a las obligaciones. Además, el financiamiento de la obra social, con unos 8.000 afiliados, corre peligro y debería aumentar el valor de las cuotas.
