La cuota les saltó casi 180% en tres meses: la Justicia hizo pagar caro a la prepaga
Pagaban $131.723 y en tres meses la cuota trepó casi 180%. La prepaga ignoró la orden judicial y ahora deberá indemnizar a la pareja con una cifra que supera los $11 millones. ¿Qué argumentó la empresa?
Una pareja de jubilados de Mendoza que se quedó sin poder afrontar los aumentos de su prepaga terminó cobrando una indemnización millonaria. La Justicia mendocina condenó a la empresa a pagarles $11 millones por los incrementos desmedidos que aplicó sobre sus cuotas entre fines de 2023 y los primeros meses de 2024.
El caso arrancó cuando los afiliados vieron cómo el valor mensual de su cobertura médica se disparaba sin freno. En diciembre de 2023 pagaban $131.723,27. Al mes siguiente la factura saltó a $242.380,57; en febrero llegó a $299.340,01 y en marzo tocó los $368.188,20. En apenas tres meses, el aumento acumulado rondó el 180%.
Detrás de esos números estaba el DNU 70/2023, que modificó el régimen de la medicina prepaga y desreguló los precios de las cuotas.
La cautelar que la empresa ignoró
Con las cuotas fuera de control, los jubilados fueron a la Justicia federal. El 12 de abril de 2024, el Juzgado Federal Nº2 de Mendoza les dio la razón con una medida cautelar: ordenó a la prepaga readecuar los montos y dejar sin efecto los aumentos cuestionados. Además, le puso un plazo de 48 horas para acreditar el cumplimiento y le prohibió suspender o restringir la cobertura por los importes en discusión.
La empresa recibió la notificación el 15 de abril. No cumplió. Los afiliados denunciaron la situación y el 2 de mayo el juzgado volvió a intimarla: le dio tres días para regularizar las facturas y la amenazó con una multa diaria de $20.000.
Recién el 13 de mayo la compañía emitió una nota de crédito y corrigió la facturación. Para entonces habían pasado 28 días desde la notificación, muy lejos de las 48 horas que fijaba la orden judicial. La cuota quedó en $185.290,37.
La prepaga justificó la demora con “problemas informáticos” en su sistema de facturación. Esa explicación, sin embargo, no pudo ser corroborada por una pericia técnica.
Otra factura sospechosa y el amparo
En noviembre de 2024 la empresa volvió a las andadas: emitió una factura de $678.247,61, muy por encima de los $185.290,37 que venía cobrando. La diferencia implicaba un salto de casi el 266%. Ocho días después anuló ese documento con una nota de crédito y restableció el importe anterior.
En paralelo, el 28 de abril de 2025, el mismo juzgado hizo lugar a la acción de amparo de los jubilados. Declaró inconstitucionales para este caso los artículos 265, 267 y 269 del DNU 70/2023, dejó sin efecto los aumentos aplicados desde enero de 2024 y fijó las pautas para recalcular las cuotas.
De $6 millones a $11 millones
En primera instancia la demanda había prosperado solo en parte: se reconocieron $6 millones por daño moral, pero se rechazó el pedido de daño punitivo. Los jubilados apelaron y el expediente llegó a la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza.
El 18 de noviembre pasado, las juezas Marcela Cecilia Ruiz Díaz, María Teresa Carabajal Molina y Gladys Delia Marsala aceptaron el planteo y modificaron parcialmente la sentencia. Para el tribunal, la conducta de la empresa había “superado un incumplimiento contractual ordinario”.
Las magistradas ponderaron tres factores: la demora en acatar una orden judicial concreta, la falta de pruebas que respaldaran los problemas informáticos y la reiteración de irregularidades en la facturación. También pesaron la edad de los demandantes y la importancia de la cobertura médica que estaba en juego.
Así, la condena total quedó en $11 millones, repartidos en $6.000.000 por daño moral y $5.000.000 por daño punitivo.
