La crisis golpea al comercio mendocino: el plan que busca frenar las persianas bajas

La crisis del comercio en Mendoza llegó a la Legislatura con un proyecto que busca declarar la Emergencia Económica Comercial por un año y frenar el cierre de locales. La iniciativa, bautizada "Persianas Arriba", fue presentada por los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quintana, del bloque Fuerza Patria, y apunta a sostener los puestos de trabajo y facilitar la reapertura de los comercios.

Los legisladores fundamentaron la propuesta en datos de distintos sectores empresariales y comerciales. "El sector comercial de la provincia atraviesa una crisis económica profunda. Los comerciantes minoristas y las PyMEs sufren una caída en las ventas junto con costos fijos crecientes", señalaron.

Según explicaron, el proyecto surge "como una respuesta legislativa urgente e indispensable ante la compleja coyuntura económica que atraviesa nuestro país, cuyo impacto se manifiesta de manera alarmante en el tejido productivo y comercial de la provincia".

Los números que alarman

Los argumentos de la norma citan datos del Centro de Empleados de Comercio que indican que "hasta septiembre se habían registrado 150 comercios cerrados y 580 empleos formales perdidos en lo que va del año". Los rubros más castigados son electrodomésticos, ropa e indumentaria, regalería, bazar, decoración, jugueterías y gastronomía.

También se basaron en información de APYME, que aseguró que durante 2026 cerraron 1.100 emprendimientos y pymes en Mendoza. Entre los sectores más afectados mencionaron almacenes de barrio, minimercados, locales gastronómicos y la actividad industrial.

"La imposibilidad de afrontar los contratos de alquiler, el pago de los impuestos y el mantenimiento del empleo están provocando un fenómeno visible y doloroso en las principales arterias comerciales de la provincia: la multiplicación de locales vacíos o 'persianas bajas'", sostiene la iniciativa, que advierte que el impacto excede a cada comercio y alcanza al trabajo, al valor inmobiliario y a la recaudación provincial.

Qué propone el proyecto

La medida declara la Emergencia Económica Comercial por un año y crea el "Programa Persianas Arriba", destinado a "mitigar el impacto de la crisis económica sobre el comercio mendocino, garantizar la continuidad de la actividad comercial, promover la reapertura de establecimientos y proteger los puestos de trabajo".

Alcanzaría a comercios minoristas y MiPyMEs de indumentaria y calzado, electrodomésticos, gastronomía, bazar, decoración, regalería y jugueterías que acrediten una caída real de la facturación respecto del año anterior —descontando la inflación— o que hayan cerrado en los últimos 12 meses. La reglamentación podría incorporar otros rubros.

La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Producción, mientras que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y el Ministerio de Hacienda y Finanzas intervendrían en la implementación de los beneficios tributarios, financieros y presupuestarios. La propuesta también autoriza al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Los beneficios para los comerciantes

De aprobarse, se implementarían varias medidas mientras dure la emergencia:

Registro de Sostenimiento y Reactivación del Comercio Mendocino (ReSCoM): creación de un registro extraordinario y temporal.

Beneficios impositivos: exención de Ingresos Brutos para las actividades alcanzadas y exención de Impuesto de Sellos para contratos de alquiler comercial, renovaciones y prórrogas celebrados durante la emergencia.

Alquiler comercial: asistencia económica de hasta el 50% del alquiler mensual durante un máximo de seis meses, con un tope mensual por beneficiario actualizado según el IPC de Mendoza. Tendrán prioridad los comercios que mantengan su nómina de trabajadores registrados.

Refinanciación de deudas: acceso al Régimen Provincial de Refinanciación de Deudas Privadas y prioridad en las acciones de asistencia y articulación de la Provincia con bancos, emisoras de tarjetas, cooperativas de crédito y otras entidades financieras.

Regularización de servicios esenciales: régimen especial para regularizar deudas con prestadores del servicio eléctrico, mediante planes de pago, reducción o bonificación de intereses, plazos acordes a la capacidad económica y continuidad del suministro.