La Corte Suprema ya definió qué tribunal lleva la causa por el litio en la frontera con Salta. El problema: según el dictamen de la Procuración, Catamarca nunca se presentó a defender los permisos que ella misma firmó.
La disputa entre dos empresas mineras por derechos de exploración en la frontera entre Catamarca y Salta ya tiene tribunal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el expediente quede en el Juzgado de Minas de Salta. El fallo, firmado el 5 de noviembre, no define los límites entre las provincias ni quién es dueño de las concesiones, pero deja una pregunta incómoda: ¿por qué Catamarca no se presentó a defender los permisos que ella misma otorgó?
Qué pasó entre las dos empresas
El conflicto enfrenta a Lithium S Corporation, que invoca autorizaciones mineras salteñas, y a Marhen Lithium, que tiene permisos concedidos por Catamarca. Todo arrancó con trabajos de perforación que Marhen realizaba en un sector donde Lithium S Corporation dice tener derechos sobre la propiedad minera Tabariogrande, que según los antecedentes judiciales está en territorio salteño.
Lithium S denunció que esas tareas se hacían dentro de su concesión sin autorización y pidió la intervención del Juzgado de Minas de Salta. El tribunal le dio la razón y ordenó frenar las perforaciones y todas las actividades asociadas. Además, dispuso que Marhen y otras personas involucradas retiraran construcciones, equipos, campamentos, vehículos e instalaciones del área en un plazo de 30 días desde la notificación.
Marhen, en cambio, sostuvo que los derechos que invoca corresponden a concesiones catamarqueñas. La firma se presentó ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción, en Belén, y argumentó que es titular de las minas Tati, Tati I y Tati II, en el departamento Antofagasta de la Sierra, con permisos del Ministerio de Minería provincial.
Dos tribunales, un solo expediente
Como ambos juzgados se consideraron competentes para intervenir, el caso llegó a la Corte Suprema para definir dónde debía continuar. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti adoptaron los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti y aplicaron un criterio procesal: cuando dos tribunales se declaran competentes, la causa sigue en el que actuó primero. Ese fue el Juzgado de Minas de Salta, que recibió la denuncia de Lithium S Corporation y dictó las primeras medidas.
La procuradora fiscal aclaró, de todos modos, que la delimitación de los límites entre provincias es una atribución del Congreso Nacional y que no corresponde resolverla en este proceso. Por eso la Corte se limitó a decidir qué tribunal tramita el conflicto entre las empresas.
El reclamo: “no puede depender de una empresa privada”
La exdiputada provincial y dirigente de GENERAR, Silvana Carrizo, advirtió sobre la “falta de intervención” del Gobierno catamarqueño en esta causa y reclamó que la Fiscalía de Estado actúe de inmediato. También propuso una reforma legislativa para que la participación provincial sea obligatoria en este tipo de procesos y convocó a los legisladores nacionales a impulsar la definición del límite interprovincial.
Carrizo puso el foco en un punto que consideró “especialmente preocupante”: según el dictamen de la Procuración General de la Nación, “no surge que la Provincia de Catamarca se haya presentado en el expediente para defender los derechos mineros que ella misma otorgó”.
“La defensa de un título minero otorgado por Catamarca, en una zona de límites en disputa, no puede depender de una empresa privada”, sostuvo la exlegisladora.
Carrizo aclaró que la resolución de la Corte no determinó la pertenencia territorial de la zona en conflicto, sino que solo definió qué jurisdicción sigue interviniendo. Aun así, consideró que la situación debe encender una señal de alerta sobre la responsabilidad institucional del Estado catamarqueño en la protección de sus recursos y concesiones.
Las herramientas que la Provincia no usó
Según Carrizo, Catamarca contaba con instrumentos constitucionales y legales para intervenir en el proceso, incluso sin haber recibido una notificación judicial. Recordó que el artículo 162 de la Constitución provincial reconoce al Fiscal de Estado legitimación para actuar en todos los juicios donde se comprometan intereses o derechos de la Provincia, y que la Ley 1553 extiende esa facultad a cualquier jurisdicción.
También remarcó que el Ministerio de Minería ejerce como Autoridad Minera provincial y tiene responsabilidades directas sobre las concesiones y los registros, a través de la Escribanía de Minas. En ese marco, pidió saber si el organismo tomó conocimiento de las actuaciones, si la medida cautelar fue registrada y si se dio intervención a la Fiscalía de Estado.
“No se trata de buscar culpables. Se trata de que la Provincia tiene la facultad constitucional de defender sus títulos y no la usa. Todavía está a tiempo”, afirmó.
Los vacíos legales que propone corregir
La dirigente advirtió que ni la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado ni el Código de Procedimientos Mineros contemplan un mecanismo específico que garantice la intervención provincial obligatoria cuando hay litigios entre particulares que puedan afectar concesiones catamarqueñas, sobre todo en zonas con controversias limítrofes.
Por eso propuso una reforma que obligue a la Autoridad Minera y a la Escribanía de Minas a comunicar de inmediato a la Fiscalía de Estado cualquier medida judicial, en cualquier jurisdicción, que afecte derechos mineros otorgados por Catamarca. También planteó que la intervención de la Fiscalía sea obligatoria en procesos vinculados a zonas de límites interprovinciales no definidos y que se cree un registro público de los derechos mineros catamarqueños en esas franjas, incluidas las posibles superposiciones con concesiones de otras provincias.
En lo inmediato, reclamó que el Ministerio de Minería informe si recibió comunicaciones del Juzgado de Minas de Salta, si la medida judicial fue incorporada a los registros provinciales, si la empresa titular notificó sobre el conflicto y si se dio intervención a los organismos competentes.
“Esto no es una causa de un partido, es el territorio de Catamarca y el litio de los catamarqueños. La Provincia tiene argumentos históricos y jurídicos sólidos, desde el decreto de 1904 y el Decreto 9375/1943. Lo que falta es decisión para defenderlos en cada expediente y para conseguir la ley”, concluyó.