La Corte Suprema tiene en sus manos el futuro de dos exfuncionarios kirchneristas

La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de revisar los sobreseimientos de dos exfuncionarios del kirchnerismo acusados de no haber controlado debidamente a una subsidiaria de Barrick Gold que operaba en la mina Veladero, en San Juan, donde se produjo un derrame de cianuro hace once años.

Se trata del exsecretario de Minería de la Nación Jorge Omar Mayoral y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental Beatriz Domingorena. Ambos habían sido sobreseídos por "afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable", una decisión que ahora podría quedar sin efecto.

El camino hasta el máximo tribunal

La semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso extraordinario presentado por el fiscal Mario Villar contra la prescripción que había cerrado la causa para los exfuncionarios, según surge de la resolución del jueves 8 de octubre a la que accedió LA NACION.

Los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos coincidieron en que la fiscalía planteó "cuestiones de índole federal que pretenden dirimirse ante el más alto tribunal".

Una causa que nació en Comodoro Py

El expediente que ahora llega a la Corte se tramitó en el fuero federal de Comodoro Py y no debe confundirse con el proceso que involucró a los directivos de Barrick Gold en San Juan. En ese otro caso, los representantes de la empresa cumplieron una probation y la compañía pagó una multa de 10 millones de dólares.

La causa contra los exfuncionarios fue instruida por el juez Sebastián Casanello, quien en 2018 los procesó al considerar que tenían un "poder de intervención" con obligaciones de control que no ejercieron. Ese mismo año elevó la causa a juicio.

"La investigación pudo determinar que desde el 10 de enero de 2012 Barrick estaba operando sin el Certificado Ambiental Anual", escribió el magistrado. Para Casanello, ese documento hubiera permitido conocer "los residuos peligrosos que manipulaba la empresa y que debían someterse a fiscalización y control de la Dirección Nacional de Control Ambiental".

Ante la ausencia del certificado, el Gobierno no habría podido fiscalizar ni tener información sobre las sustancias derivadas del cianuro que utilizaba la minera. "La empresa se controlaba a sí misma", firmó el juez cuando elevó la causa a juicio.

Los argumentos de las defensas

Durante la instrucción, la defensa de Mayoral sostuvo que la acusación no describía la "obligación que pesaba" sobre él en cuanto a una posible omisión, "ni cuál era su relación con el derrame de septiembre de 2015".

Por su parte, la defensa de Domingorena planteó que "no había elementos probatorios que dieran cuenta del nexo causal" entre el derrame y la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

El derrame que originó todo

La historia comenzó el 13 de septiembre de 2015, cuando se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada tras la rotura de una válvula. Ante la falta de un muro de contención y con una compuerta abierta, el líquido corrió hacia el río Potrerillo en lugar de terminar en una pileta de contención, según el expediente.

El juez señaló que, según testimonios obtenidos por el Juzgado Letrado de Jáchal, "se contaminaron los ríos Potrerillo, De las Taguas, La Palca, Blanco, dique Cuesta del Viento y Jáchal".

Barrick Gold, en sus informes, negó que el hecho haya significado un riesgo para "la salud humana en las comunidades ubicadas aguas abajo".

Las autoridades de la compañía quedaron fuera de la investigación de Casanello tras una disputa sobre la jurisdicción donde debían ser juzgados: Comodoro Py o San Juan. Finalmente, atravesaron el proceso en los tribunales sanjuaninos, donde la empresa pagó la multa de diez millones de dólares y los directivos se comprometieron a hacer tareas comunitarias a cambio de suspender el juicio a prueba.

En sus presentaciones ante la SEC, Barrick Gold explicó que "falló una válvula de una cañería del valle de lixiviación de la mina Veladero". También informó que el 9 de octubre de 2015 la autoridad minera de San Juan inició un proceso de sanción administrativa contra la subsidiaria en Argentina por presuntas infracciones al Código de Minería, y que se preveía que ese proceso derivara en una multa.

El estado actual del expediente

De vuelta en Comodoro Py, el expediente llegó a la etapa de juicio en el juzgado N°1, a cargo de la jueza María Servini. Ese tribunal "resolvió declarar la prescripción de la acción penal", según recuerda la resolución de la Cámara de Casación.

Barrick Gold había informado a las autoridades de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, al cierre de 2023, que "las audiencias orales, previstas inicialmente para abril y mayo de 2020 en este asunto", habían "sido aplazadas", sin reprogramarse, debido a la pandemia de coronavirus, según el reporte presentado ante la SEC.

Las autoridades de la empresa no formaban parte de la causa que tramitó en Comodoro Py, pero dejaron constancia de su seguimiento en los informes anuales.

Ahora, con el recurso admitido, la Corte Suprema deberá decidir si reabre el expediente contra Mayoral y Domingorena o si confirma sus sobreseimientos.