La Corte Suprema frenó al Gobierno y mantiene firme la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El máximo tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo y dejó en pie la medida cautelar que obliga a actualizar salarios docentes y recomponer programas estudiantiles. La decisión no resuelve el fondo del conflicto, pero representa un revés para la Casa Rosada.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema emitió dos resoluciones en la causa que inició el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25. Ese decreto, impulsado por el Poder Ejecutivo, buscaba suspender la aplicación de los artículos clave de la Ley 27.795: la actualización salarial y los fondos para becas y programas académicos.

¿Por qué la Corte rechazó la apelación?

El argumento fue estrictamente procesal: los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para que el máximo tribunal intervenga. Así, la cautelar queda firme mientras el proceso continúa en la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal.

Sin embargo, el fallo no se pronuncia sobre la cuestión de fondo: si el Ejecutivo puede o no suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso mediante un decreto. Ese debate recién se resolverá cuando la Cámara dicte sentencia definitiva.

El acuerdo reciente y el contexto presupuestario

La decisión de la Corte llega semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000. Según fuentes universitarias, esa oferta llevaba el presupuesto del 0,5% del PBI al 0,6%, cuando la Ley de Financiamiento vigente establece un 0,75%.

En ese marco, la Corte mantiene la cautelar sobre salarios y becas mientras la Cámara avanza hacia un fallo de fondo.

Los argumentos del tribunal y la postura del Gobierno

Al dictar la cautelar, la Corte había sostenido que el Congreso insistió en la sanción de la ley pese al veto presidencial de Javier Milei, y que el Ejecutivo buscaba eludir su aplicación basándose en una norma anterior de jerarquía inferior a la Constitución. La Casa Rosada, en cambio, argumenta que la ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

El tribunal desestimó esa postura y consideró que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. Además, evaluó que el ahorro de no aplicar la ley no era significativo para el presupuesto nacional.

El fallo, aunque no cierra la discusión, otorga a las universidades una herramienta jurídica clave para sostener su reclamo presupuestario.