La Corte Suprema define el futuro del femicida de Julieta: por qué su defensa dice que no fue femicidio

Andrés Salvador Di Césare cumple prisión perpetua por el crimen de Julieta González, la joven de 21 años embarazada que apareció asesinada en Cacheuta en 2016. Ahora la Corte Suprema de la Nación debe resolver si el caso encuadra como femicidio o si el agravante por razones de género debe revisarse.

La última vez que vieron con vida a Julieta fue el Día de la Primavera de 2016. Su desaparición y el hallazgo de su cuerpo, casi una semana después, conmocionaron a Mendoza y abrieron un expediente que todavía sigue abierto en los tribunales más altos del país.

Por el crimen fue condenado Di Césare, hijo de un reconocido empresario del transporte mendocino, que tenía 26 años cuando ocurrió el hecho. La hipótesis central de la investigación sostuvo que la mató al enterarse de que estaba embarazada.

Sin embargo, hubo un punto que atravesó todo el proceso y que la defensa ahora intenta capitalizar: Julieta y Di Césare no eran pareja, sino amantes. Ese vínculo, según el planteo que llegó a la Corte Suprema, podría dejar afuera la calificación de femicidio.

Qué se discute en la Corte Suprema

La abogada querellante Carolina Jacky, que representó a la familia de Julieta durante el juicio, explicó a TN: "La discusión es muy fina jurídicamente; si eran amantes, entonces no hay una relación de pareja. Para concluir eso, se basan en un artículo del Código Civil".

Y subrayó: "Esto fue muy debatido y obviamente abre una puerta muy grande, una pérdida de derechos".

La familia de la víctima recibió la noticia de esta nueva instancia sin sorpresa, después de una década de idas y venidas judiciales. "No es enojo lo que siento, es cansancio", reconoció Gabriel González, hermano de Julieta, en diálogo con este medio.

"No es la primera vez que buscan bajarle la pena pero nos parece que esto es un error, que están defendiendo lo indefendible", agregó. Y advirtió: "Si la Corte hiciera lugar al planteo de la defensa, sería una locura que este femicida saliera de la cárcel".

El crimen y las pruebas que complicaron al acusado

Julieta tenía 21 años y desapareció el 21 de septiembre de 2016. Su cuerpo fue hallado seis días más tarde en una zona montañosa de Cacheuta, en Luján de Cuyo. Estaba atado de pies y manos y presentaba signos de una golpiza brutal.

La investigación apuntó rápidamente a Di Césare, que días antes del crimen había sido presentado como novio de la joven. Según la reconstrucción, ese día ambos se encontraron, discutieron, él la subió a su auto y la llevó hasta la precordillera mendocina, donde la mató a golpes con una piedra.

El cuerpo apareció casi una semana después y el sospechoso fue detenido dos semanas más tarde. Las pruebas científicas resultaron contundentes: restos de piel de Di Césare bajo las uñas de Julieta, sangre de la joven en el auto del acusado y la coincidencia de las antenas de sus celulares en el lugar y la hora de la desaparición.

Además, el análisis del teléfono del imputado reveló búsquedas sobre pruebas de ADN en fetos y sobre cómo deshacerse de un cuerpo. Para la fiscalía, Julieta le había contado que estaba embarazada y él la asesinó por eso.

De 18 años a perpetua: el recorrido judicial

El primer fallo no conformó a la familia. En 2019, Di Césare fue condenado a 18 años de prisión por homicidio simple. La Cámara del Crimen descartó el femicidio al entender que no existía una relación de pareja entre víctima y victimario.

La querella apeló y llevó la discusión a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. "En esa oportunidad, mi parte usó como jurisprudencia el caso de Ángeles Rawson. En ese caso, Ángeles no tenía una relación de pareja con el portero y la Corte Nacional entendió que era femicidio", señaló Jacky.

Para la abogada, ese antecedente es clave para entender por qué un vínculo sentimental no puede ser una condición indispensable para reconocer la violencia de género.

En 2021, el máximo tribunal provincial modificó la calificación legal y condenó a Di Césare a prisión perpetua por femicidio. Los jueces se apoyaron en la "multiplicidad de lesiones" y en el modo en que fue atacada Julieta, y señalaron que hubo una "voluntad disciplinadora" y una asimetría de poder propia de la violencia de género.

El fallo remarcó que Di Césare usó su fuerza física para asfixiar y golpear a la víctima, imponiéndose ante su resistencia.

La advertencia sobre el alcance del fallo

Tras la condena a perpetua, la defensa recurrió y el caso volvió a moverse. Un tribunal de segunda instancia validó un argumento que puso en duda la aplicación del agravante: "No parece razonable entonces que cualquier relación fortuita aunque tenga carencia de connotación sentimental (más allá de lo sexual) pueda configurar la relación de pareja que exige la norma para aplicar tan enorme castigo".

Con ese planteo, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá pronunciarse sobre la interpretación del agravante de femicidio.

Jacky sostiene que el recurso excede el caso de Julieta y puede tener consecuencias sobre otras condenas. "Creo que (la defensa) está aprovechando los tiempos que corren hoy en día respecto a esos derechos y vuelve a insistir en aquella postura que se plasmó en la primera sentencia", afirmó.

Y lanzó una advertencia: "Esto abriría la posibilidad de que otros condenados por femicidio logren la libertad, como lo lograría hoy el condenado en el caso de Julieta".

La discusión, explicó, tiene una complejidad particular porque gira en torno a la naturaleza del vínculo entre víctima y victimario. "Esto fue muy discutido y obviamente abre una puerta muy grande, una pérdida de derechos", insistió.

Su expectativa es que el máximo tribunal mantenga el criterio que permitió confirmar la condena por femicidio. "Las pruebas están. Solo espero que los jueces reafirmen la carátula de femicidio y se haga justicia, por Julieta González y por todas. Porque la lucha sigue", expresó Gabriel.

Y agregó: "Yo sé que la gente que conoció a Julieta, al igual que la gente que conoció a mi madre, nunca las va a olvidar porque eran muy buenas personas. Necesitamos que descansen en paz".

La denuncia contra la abogada querellante

El asesinato de Julieta fue uno de los tres femicidios ocurridos en Mendoza durante aquella primavera de 2016, pero fue el que más demoró en resolverse. Para Jacky, esa tardanza está vinculada con las características de quienes participaron del expediente.

"Sin dudas, esto tiene mucho que ver con los recursos económicos que posee la familia del condenado", afirmó.

La abogada también se refirió a las consecuencias personales y profesionales de su participación pública en el caso. "Obviamente, como abogada de la querella, en todos los programas de TV, radiales, digitales, etcétera, yo nombraba a Di Césare como el 'femicida', ya que de eso lo acusaba", contó.

Esa postura derivó en una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza. Según relató, el condenado y su padre la denunciaron por considerar que había afectado su buen nombre y honor. El organismo resolvió instruirle un sumario que todavía continúa en trámite.

"Diría que son gajes del oficio, pero demuestra el contexto en que se tiene que trabajar cuando uno decide defender ciertos derechos", reflexionó.

"A mi hija me la mataron"

Jacky todavía recuerda con precisión el momento en que conoció a Susana González, la mamá de Julieta. No fue una consulta habitual ni una entrevista pactada: la mujer llegó hasta su estudio jurídico buscando ayuda para el crimen que había destrozado a su familia.

"Esta causa se tomó en mi oficina por el sistema conocido como pro bono. Yo llegué a la oficina y la mamá de Julieta estaba parada en la puerta. Me dijo: 'Vengo por un problema de mi hija'. Y yo le contesté: '¿Y por qué no está su hija acá? Es ella la que tiene que venir'. Me voy a arrepentir toda la vida", contó la abogada.

La respuesta de Susana la desarmó: "Porque a mi hija me la mataron".

"Me derrumbé", recordó Jacky, que explicó que la mujer le contó entonces una historia que terminó de convencerla de asumir la representación de la familia. Julieta había asistido a una charla que la abogada había dado sobre abuso sexual infantil en San Martín. Cuando terminó, le dijo a su mamá que, si alguna vez tenían algún problema, debían acudir a ella.

"Así empezó. Me conmovió mucho y por eso tomé el caso muy especialmente", relató.

Quiénes decidirán

La resolución está ahora en manos de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con la participación de los conjueces federales Rocío Alcalá, de Resistencia, y Gustavo Castiñeira, de Mendoza.

El pronunciamiento será determinante para establecer hasta dónde llega la interpretación del artículo 80, inciso 11, del Código Penal, que contempla la prisión perpetua para quien mata a una mujer mediando violencia de género.

A 10 años del crimen, la pregunta que atravesó todo el proceso sigue vigente: ¿puede quedar afuera de la figura del femicidio el asesinato de una mujer por el solo hecho de que no mantenía una relación formal de pareja con su agresor?

Para Jacky, la respuesta no debería dejar dudas. El temor es que una decisión de la Corte que vuelva sobre el criterio inicial no solo modifique la condena de Di Césare, sino que también abra un camino para revisar otros fallos. Lo que está en juego, advirtió, es el alcance de los derechos conquistados frente a la violencia de género.