La Corte Interamericana falló contra la Argentina por un juez destituido en 2003: qué pasará con la pensión que le quitaron

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó internacionalmente a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor, removido por el Senado el 3 de diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

En una sentencia dictada el 20 de agosto de 2026 y conocida en las últimas horas, el tribunal concluyó que el juicio político estuvo atravesado por irregularidades y que la acusación se sustentó en el contenido de las decisiones judiciales que el magistrado había firmado como integrante del máximo tribunal.

Por qué la Corte consideró irregular el juicio político

El proceso había arrancado después de que la Comisión de Juicio Político de Diputados admitiera cuatro pedidos de remoción. Los cargos estaban vinculados, entre otros asuntos, con las causas Meller, Magariños y Macri.

Para el tribunal, usar los criterios jurídicos de un magistrado como justificación para destituirlo constituyó una injerencia indebida en la separación de poderes y una afectación a la independencia judicial. La Corte puso especial atención en ese punto: el juicio político se apoyó en el contenido de las sentencias, algo que consideró incompatible con las garantías que deben proteger a quienes integran el Poder Judicial.

La resolución declaró que la Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y políticos de Moliné O'Connor, además de su derecho a la protección judicial. También encontró vulneraciones al derecho al trabajo, la seguridad social, la propiedad privada y la garantía del plazo razonable.

La pensión vitalicia, en el centro del fallo

Otro eje relevante fue la revocación de la pensión vitalicia que el exjuez tenía otorgada desde 1998. El beneficio le fue quitado en octubre de 2004, después de su destitución. La Corte consideró que esa decisión también afectó sus derechos y ordenó al Estado regularizar el régimen de la pensión que le correspondía.

En materia de reparaciones económicas, el tribunal fijó una indemnización de 600.000 dólares por daño material, en concepto de lucro cesante, y otros 25.000 dólares por daño inmaterial. Los montos deberán distribuirse entre su esposa y sus hijos.

El impacto en su carrera y el paso del tiempo

La Corte también evaluó el efecto de la destitución sobre su trayectoria profesional. En uno de los pasajes más significativos, sostuvo que la remoción arbitraria interrumpió una carrera de más de 13 años en el máximo tribunal y «canceló, de manera definitiva e imprevista, la opción de vida que la víctima había estructurado en torno al ejercicio de la judicatura».

Moliné O'Connor falleció el 20 de agosto de 2014, por lo que el proceso internacional continuó a través de sus familiares. La petición original había sido presentada ante la Comisión Interamericana en noviembre de 2003 y el caso llegó a la Corte recién en agosto de 2024: habían transcurrido más de dos décadas.

Qué le ordenaron al Estado

Como parte de las medidas dispuestas, la Corte estableció que la Argentina publique y difunda la sentencia y su resumen oficial. Además, determinó que las autoridades nacionales deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución —que contempla la causal de mal desempeño para la remoción de jueces de la Corte Suprema— respetando el debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos.

El Estado tendrá un año desde la notificación del fallo para informar las medidas adoptadas. La Corte Interamericana mantendrá la supervisión hasta que se cumpla íntegramente la sentencia.

Quién fue Eduardo Moliné O'Connor

Abogado y juez de la Corte Suprema entre 1990 y 2003, había nacido en Buenos Aires en 1938. Se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1963 y desarrolló buena parte de su carrera en el derecho civil y comercial. Antes de llegar al máximo tribunal, trabajó en la administración de Justicia, en Obras Sanitarias de la Nación y en la Cancillería, además de ejercer la abogacía en su propio estudio.

Fue designado integrante de la Corte en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, luego de la ampliación del tribunal de cinco a nueve miembros. Durante su paso por el máximo tribunal llegó a ocupar la vicepresidencia e integró la denominada «mayoría automática», el bloque de magistrados identificado con fallos que respaldaron distintas decisiones del gobierno menemista. También tuvo una extensa trayectoria dirigencial en el ámbito del tenis, donde se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis.

En diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue destituido por el Senado mediante un juicio político por mal desempeño, tras ser encontrado culpable de dos de los nueve cargos que se le habían imputado, vinculados con el caso Meller. La remoción puso fin a sus 13 años en la Corte. Murió el 20 de agosto de 2014, a los 76 años.