La Corte frenó el juicio político a Wayar en La Merced: el argumento que inclinó la balanza

La Corte de Justicia de Salta suspendió la aplicación de la Ordenanza 11/2026, la norma que reglamenta el procedimiento de juicio político en La Merced, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el intendente Javier Rafael Wayar. La resolución, firmada el 6 de octubre, deja al Concejo Deliberante sin herramienta para avanzar mientras la suspensión siga vigente.

El fallo no cierra el conflicto: abre un nuevo capítulo. La Corte todavía no declaró inconstitucional la ordenanza ni resolvió el fondo del planteo. Solo evaluó, de manera preliminar, que algunas disposiciones podrían chocar con las bases del juicio político municipal fijadas en la Constitución provincial y que aplicarlas antes de una sentencia definitiva podría poner en riesgo derechos y garantías invocados por el intendente.

Una ordenanza anterior al siniestro que marcó al municipio

El texto cuestionado fue aprobado por el Concejo Deliberante el 31 de marzo. Establece el mecanismo de investigación, acusación y eventual destitución de funcionarios municipales, con una Comisión Investigadora y un reparto de tareas entre sus miembros y el resto del cuerpo. Ese diseño es, justamente, uno de los puntos que Wayar llevó a la Justicia.

El 5 de abril, pocos días después de aquella sanción, un niño de cinco años, identificado como T. S. A., fue atropellado por una camioneta Ford Ranger perteneciente al intendente y conducida por Miguel Plaza. El pequeño fue trasladado al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció. El hecho conmocionó a La Merced y desató protestas vecinales, reclamos de justicia y pedidos de renuncia contra el jefe comunal.

Wayar sostuvo que el vehículo había sido usado sin su autorización y rechazó dejar el cargo. La investigación penal apuntó al conductor, imputado por homicidio culposo. También se revisó su situación laboral: según la documentación recabada por los investigadores, Plaza había dejado de prestar servicios municipales en febrero, un dato clave para reconstruir cómo terminó manejando esa camioneta.

El 5 de mayo, la Justicia dispuso la prisión preventiva de Plaza, una medida que no equivale a una condena. Con ese expediente en trámite, el conflicto político siguió su curso: el 29 de mayo se publicó la ordenanza que reglamentaba el juicio político, cuya aplicación terminaría frenada por el máximo tribunal provincial.

Otra causa penal contra el intendente

Antes de que el Concejo admitiera los pedidos de juicio político, el 5 de junio se realizó una audiencia de admisibilidad de pruebas en una causa penal distinta contra Wayar, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado en concurso real. En ese expediente también están acusados tres exconcejales como probables partícipes necesarios de peculado. Es una investigación separada de la causa por el atropello y del procedimiento institucional en el Concejo.

La acusación por presunto peculado apunta a transferencias que, según la parte acusadora, el intendente hizo en septiembre de 2020 desde una cuenta bancaria municipal hacia las cuentas personales de Dina Pastrana, Pedro Gutiérrez y Daniel Coreico, sin justificación. El otro hecho investigado es un contrato de comodato por el que se cedió a una asociación civil un inmueble dentro del predio del matadero municipal. La fiscalía sostuvo que esa operación se concretó sin la licitación previa ni la autorización del Concejo que exige la Carta Orgánica.

La audiencia fue presidida por el juez Aldo Rubén Saravia, quien rechazó dos planteos preliminares de la defensa por referirse a cuestiones ya resueltas y ajenas a esa instancia. La decisión sobre un tercer planteo quedó diferida hasta constatar una notificación a la querella. Después, el magistrado instó a las partes a avanzar en acuerdos probatorios sobre los hechos no controvertidos.

El Concejo había dado luz verde en julio

El 2 de julio, el Concejo Deliberante de La Merced admitió formalmente las denuncias de vecinos y un concejal contra Wayar por presunto mal desempeño. La votación terminó con cinco votos a favor y dos abstenciones, lo que habilitó la etapa de investigación. Esa admisión no equivalía a una destitución ni daba por acreditados los cuestionamientos.

La entonces presidenta del cuerpo, Mónica Berruezo, explicó que el procedimiento se desarrollaría mediante una comisión investigadora y que la Carta Orgánica Municipal fijaba un plazo máximo de cuatro meses para resolverlo. En ese contexto, Wayar presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza y pidió que se suspendiera su aplicación. La fecha exacta de esa presentación no surge de la información disponible.

Los argumentos que llevó Wayar

Entre sus objeciones, el intendente cuestionó la creación de una Comisión Investigadora integrada por dos concejales. Según su demanda, ese órgano no estaba previsto entre las comisiones del reglamento interno del Concejo y constituía una comisión especial prohibida por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Este argumento forma parte de su impugnación y no representa una conclusión definitiva del tribunal.

También señaló que la comisión debe delimitar los hechos investigados y formular una imputación inicial en un plazo considerado razonable, pero sin un término concreto. Para Wayar, esa falta de precisión genera incertidumbre y afecta sus posibilidades de defensa. A eso sumó que la ordenanza enuncia garantías, pero no determina con suficiente claridad cómo podrán ejercerse durante la investigación y el juzgamiento.

Otro punto del reclamo fue la distribución de las funciones de acusar y decidir. La norma dispone que la Comisión Investigadora elabore un dictamen que recomiende acusar o no al funcionario, mientras los restantes concejales quedan a cargo de resolver sobre su destitución. Wayar sostuvo que el carácter no vinculante de ese dictamen permite al órgano decisorio apartarse de la recomendación y que ese mecanismo compromete la imparcialidad del procedimiento.

Qué decidió la Corte y qué queda pendiente

Al evaluar la cautelar, la Corte recordó que las leyes y los actos de los poderes públicos tienen presunción de validez, por lo que suspenderlos exige un examen estricto. Sin embargo, consideró que el propio texto de la ordenanza ofrecía elementos para admitir, de manera preliminar, la posible afectación constitucional planteada. En particular, señaló que algunas disposiciones aparecerían como contrarias a las bases del juicio político municipal previstas en el artículo 181 de la Constitución provincial.

El tribunal también entendió que aplicar la normativa antes de resolver el fondo podría configurar una amenaza cierta e inminente para los derechos y garantías invocados. Con ese fundamento, dispuso mantener el estado de cosas anterior a la sanción de la ordenanza y suspendió su aplicación. La medida fue dictada sin costas.

El efecto concreto es que el Concejo Deliberante no puede usar la Ordenanza 11/2026 mientras siga vigente la cautelar. La decisión no resuelve las denuncias por presunto mal desempeño contra Wayar ni determina responsabilidades en los expedientes penales mencionados. La discusión de fondo sigue abierta: será la sentencia sobre la constitucionalidad de la reglamentación municipal la que defina su validez.