La Corte falló por la Ley de Tierras: el negocio millonario en Península de Magallanes que podría quedar en jaque

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso que puede sacudir el tablero inmobiliario en Santa Cruz. El máximo tribunal suspendió provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la norma que ponía límites a la compra de campos por parte de extranjeros. La medida, conocida este viernes 9 de octubre, volvió a poner en vigencia las restricciones que había eliminado el DNU 70/2023 del Gobierno nacional.

En la provincia, el fallo podría incidir en la controversia por la venta de parcelas en Península de Magallanes, cerca del glaciar Perito Moreno. Aunque nadie puede cantar victoria todavía: la decisión no implica por sí sola que esa operación haya quedado frenada.

Qué decidió la Corte

La resolución suspendió los efectos del artículo 154 del DNU hasta que la Justicia avance en el análisis del planteo presentado por organizaciones y otros actores que cuestionaron la derogación. El fallo no resuelve aún la constitucionalidad de la medida, pero restablece de manera temporal los límites que fijaba la Ley 26.737.

El impacto en Santa Cruz se explica por la controversia en torno al Decreto Provincial 915/2026, mediante el cual el Gobierno de Claudio Vidal autorizó, de manera excepcional, una operación inmobiliaria vinculada al proyecto turístico Master Plan Ecocentro.

La autorización contempla la transferencia de un inmueble de la firma Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate S.A.U., cuya sociedad controlante está constituida en Dubái. La operación generó cuestionamientos políticos, ambientales y jurídicos por la ubicación de los terrenos en una zona de especial sensibilidad ambiental.

Qué podría cambiar para la operación en Península de Magallanes

Uno de los posibles efectos del fallo es que las restricciones de la Ley de Tierras Rurales vuelvan a tener peso en el análisis jurídico de operaciones que involucren la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.

La normativa establecía, entre otras limitaciones, que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales de una provincia. También contemplaba restricciones específicas para determinadas áreas y condiciones vinculadas con la adquisición de esos inmuebles. Su aplicación al caso de Península de Magallanes dependerá de las características de la operación y de la interpretación que realicen las autoridades judiciales competentes.

En ese escenario, el fallo podría aportar un nuevo elemento a los cuestionamientos contra la transferencia de las parcelas identificadas como G2 y G3. Sin embargo, no significaría automáticamente que la venta autorizada por el Gobierno provincial quede anulada o suspendida.

La situación deberá analizarse en el marco de las actuaciones judiciales específicas vinculadas con esa operación, teniendo en cuenta tanto la normativa nacional como el procedimiento administrativo provincial y las disposiciones aplicables al área protegida.

El amparo de los diputados podría adquirir mayor relevancia

La decisión de la Corte también podría influir en el debate judicial que se abrió en Santa Cruz luego de que diputados provinciales de la oposición recurrieran a la Justicia Federal de Río Gallegos para intentar frenar la transferencia de las tierras.

La presentación solicita una medida cautelar para impedir que avancen actos como la escrituración, la inscripción registral o la entrega de la posesión mientras se resuelven los cuestionamientos de fondo. Entre los argumentos planteados figura precisamente la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023.

La nueva resolución del máximo tribunal podría fortalecer la relevancia de ese argumento, dado que las restricciones legales vuelven a regir de manera provisoria. No obstante, el juzgado que interviene en el amparo deberá resolver si corresponde conceder la cautelar solicitada y qué consecuencias tiene el fallo nacional sobre la operación cuestionada.

Una discusión que excede la compra de tierras

El caso de Península de Magallanes no se limita a la discusión sobre la participación de capitales extranjeros en la propiedad rural. También involucra el régimen de protección ambiental de la zona, la documentación que respaldó la excepción provincial y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse el emprendimiento turístico.

En ese sentido, la decisión de la Corte podría sumar un nuevo capítulo a una controversia que ya llegó a la Legislatura provincial y a la Justicia Federal. La Cámara de Diputados de Santa Cruz, por su parte, había solicitado información al Poder Ejecutivo sobre los antecedentes administrativos, técnicos y ambientales que dieron lugar al Decreto 915/2026.

Por ahora, el alcance concreto del fallo sobre la operación en Península de Magallanes dependerá de las próximas decisiones judiciales. La Corte restableció provisoriamente las restricciones de la Ley de Tierras Rurales, pero no se pronunció específicamente sobre la venta autorizada en Santa Cruz ni ordenó detenerla.