La Corte, el MPA y la Defensa desfilan por Diputados: el detalle que traba la reforma de seguridad

La Cámara de Diputados de Santa Fe abrió este miércoles una ronda de consultas con los tres poderes del sistema judicial para terminar de cerrar el proyecto de reforma integral en seguridad pública. La convocatoria apunta a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa.

El escenario será la sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se tratarán dos expedientes: el 58.987, que fija las normas para implementar las Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, y el 59.996, que ya tiene media sanción del Senado y crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, conocido como el plan contra el robo de celulares.

Los horarios y los nombres

La primera cita está agendada para las 13:30 con la Corte Suprema. Sin embargo, la presencia del máximo tribunal no está confirmada: por la mañana tiene acordada. Además, sus observaciones serían acotadas por su facultad de control de constitucionalidad.

A las 14:30 será el turno del MPA, representado por la fiscal coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones (OI), Víctor Moloeznick. La fiscal general María Cecilia Vranicich no asistirá.

Una hora más tarde, a las 15, expondrá la defensora general Estrella Robinson por el Ministerio Público de la Defensa. En ese marco se sumará un proyecto que busca darle funciones a la Defensora General para crear unidades especializadas, entre ellas para miembros de fuerzas de seguridad.

También pidieron audiencia el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción (Rosario), la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y el Foro Contra la Impunidad y la Justicia.

Qué se cae del texto original

El paquete presentado en mayo tenía una docena de puntos que despertaron acusaciones de vulnerar garantías y derechos. Según pudo saber este medio, los más conflictivos se habrían resuelto dentro de Unidos, donde existía resistencia interna, por lo que este miércoles no habría discusión en la grilla de temas.

Entre los cambios que se aplicarían al nuevo proyecto figura la eliminación de la validación probatoria, que pretendía fijar reglas para admitir pruebas que normalmente quedarían excluidas por la teoría del fruto del árbol envenenado (cuando una prueba ilícita contamina a las derivadas).

También se quitarían las medidas coercitivas por decreto fiscal, que permitían a la fiscalía imponer vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones mediante un decreto fundado. El control judicial pasaría a una etapa posterior, con la posibilidad de que el imputado se oponga después de la medida, aunque igualmente se interpretaba como falta de proceso.

El otro punto que se eliminaría es la zona de intervención policial especial, calificada por las críticas como "miniestado de sitio". La idea original era habilitar al Ejecutivo a intervenir policialmente sectores con altos índices de criminalidad, violencia o conflictividad, con facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público.

El calendario que manejan

Después de recoger observaciones y cerrar el debate interno, la intención es votar en la Cámara baja en la sesión del 29 de octubre. Para la del 15 no creen llegar y tampoco tienen preferencia por esa fecha.