La Corte dijo basta y los condenados por corrupción ya tienen fecha de mudanza

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la impugnación extraordinaria federal que habían presentado el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez y el cuñado del extitular Juan Pablo Aguilera, condenados por delitos de corrupción en 2022. La resolución, fechada el 3 de septiembre, ya fue comunicada a los Tribunales entrerrianos y puso en marcha el operativo para trasladar a los tres detenidos desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

Urribarri recibió una pena de 8 años de prisión; Báez y Aguilera, 6 años y 6 meses cada uno. Los tres están alojados en la cárcel de la capital entrerriana desde el viernes 4.

La comunicación de la Corte fue recibida por el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Giorgio, quien dispuso: «De la bajada, hágase saber a las partes y comuníquese a los Organismos pertinentes». Los jueces María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones que los condenó en 2022, resolvieron: “Téngase presente lo comunicado por la Excma. Sala Penal del S.T.J. en relación a las sentencias recaídas en las presentes, en fechas 17.04.2024 y 22.10.2024, y en orden a lo oportunamente informado desde dicho alto cuerpo, respecto a la sentencia de fecha 03.09.2026 dictada por la” Corte.

El expediente pasó de inmediato al Juzgado de Ejecución de Penas, que preside Cecilia Bértora. Allí los defensores Leopoldo Cappa (por Urribarri), Ignacio Díaz y José Velázquez (por Báez) y Marcos Rodríguez Allende (por Aguilera) aceptaron sus designaciones. Desde entonces, la cuenta regresiva para el traslado quedó activada.

Problemas de espacio en la cárcel de Paraná

La Unidad Penal N° 1 de Paraná no reúne las condiciones para alojar a los tres condenados. Así lo advirtió Juan Santiago García, subdirector del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en un escrito elevado a la jueza Castagno: “no reúne las condiciones óptimas para brindar el alojamiento de los nombrados, teniendo en cuenta su edad avanzada y que en la actualidad la población que aloja dicha institución carcelaria es de 1.066 internos. En este sentido los pabellones se encuentran con alta densidad de población, contando además solo con lugares comunes para que transiten su condena”.

Por eso, el Servicio Penitenciario pidió que sean alojados en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, “donde se cuenta con una celda destinada a los mencionados penados en el pabellón de adultos mayores, que aloja un total de 14 internos”. Los defensores habían solicitado lo mismo.

En cuanto a las condiciones sanitarias, García informó que “las 8 unidades penales cuentan con médicos y enfermeros, servicio que se encuentra cubierto hasta las 22 hs. No se cuenta con ambulancia para traslados de emergencia. Cabe destacar que en caso de requerir estudios médicos específicos, los mismos se realizan en hospitales públicos y acorde a los turnos que se asignan, realizando el Servicio Penitenciario el traslado correspondiente”. Y agregó: “Respecto de los medicamentos son gestionados a través del Departamento Farmacia dependiente de la Dirección Principal de Tratamiento, previa receta del área sanidad de la Unidad Penal o de los efectores de salud pública que atienden a la población”.

La decisión final sobre el traslado es resorte del Juzgado de Ejecución de Penas, que comenzó a intervenir en el expediente este jueves. Se espera que entre este viernes y el próximo lunes se dispongan las mudanzas a Gualeguaychú.