La Corte desestimó los recursos y los directivos de Los Balcanes quedaron a un paso de una pena mayor
¿Qué resolvió la Corte Suprema sobre las condenas por los derrames de vinaza en Tucumán y Santiago del Estero? La decisión deja abierta la puerta a un castigo mayor para los directivos de Los Balcanes.
La Corte Suprema de Justicia le puso fin a la discusión: rechazó los recursos de las defensas y dejó habilitado que se defina una nueva pena para el presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Alberto Rocchia Ferro, y el gerente José Ramón Coronel, condenados por contaminación ambiental.
La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal desestimó los planteos presentados contra un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había hecho lugar a un pedido de la Fiscalía para agravar las condenas dictadas en el juicio oral.
Los derrames que originaron la causa
El expediente se remonta a agosto de 2011, cuando se registró contaminación del aire y del medio ambiente por la descarga de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio La Florida, en Tucumán.
La acusación también alcanzó a los responsables de la firma por el derrame ocurrido en octubre de 2012 en el denominado “Canal del Este”, donde se volcaron más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro proveniente del ingenio.
Un tercer episodio se sumó a la causa: el derrame de vinaza de enero de 2013, que afectó un canal pluvial conocido como Interprovincial del Este, a la altura de la localidad de El Arenal, en el Departamento de Jiménez, Santiago del Estero.
Según la acusación, ese hecho afectó “el curso de agua” y provocó un “daño ambiental severo que generó un grave riesgo para la salud”.
La condena y el pedido de la Fiscalía
En 2023, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a Rocchia Ferro y a Coronel a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de contaminación ambiental, con multas de 100 mil y 85 mil pesos, respectivamente.
La Fiscalía había solicitado penas mucho más duras: siete años y medio para el presidente de la compañía y seis años y medio para el gerente. Ante la diferencia, apeló la decisión.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación hizo lugar parcialmente al recurso y consideró que la pena de tres años de prisión condicional no resultaba “proporcionada a la intensidad antijurídica de los hechos”. Por eso ordenó remitir el caso para que el tribunal de juicio dicte una nueva pena.
Las defensas intentaron frenar ese camino con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. El máximo tribunal desestimó el planteo y dejó habilitada la definición de una nueva pena, que ahora deberá resolver el tribunal de juicio.
