La Corte dejó sin efecto el tope a extranjeros y ahora el Senado mueve una ficha clave

El tablero de la propiedad rural volvió a moverse en el Senado. Senadores kirchneristas y justicialistas presentaron un proyecto para restituir de forma inmediata la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales (26.737), que fijaba un límite del 15% para la compra de tierras por manos extranjeras. La movida llega a horas de un fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia —sin resolución de fondo— el artículo 154 del DNU 70/2023, el mega decreto que había habilitado la venta sin esos topes.

La iniciativa lleva las firmas de la plana mayor del bloque: el jefe de la bancada, el formoseño José Mayans; la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires); y el titular de Justicia Social Federal —dos integrantes—, el puntano Fernando Salino.

“El suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional”, argumentaron los legisladores en el texto del proyecto.

Una victoria que quedó efímera

El movimiento no sorprende, pero sí deja al descubierto un cálculo político que no salió como se esperaba. El bloque kirchnerista tenía la chance de plantear esta misma cuestión cuando se aprobó en la Cámara alta, semanas atrás, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No lo hizo. En pleno momento de debilidad del mileísmo, el peronismo dejó pasar esa oportunidad y se quedó con una victoria que hoy se muestra esquiva. Ahora intenta remendar el error y, de paso, apuntar contra el máximo tribunal.

Vale recordar el contexto: en la previa de una sesión muy compleja y de derrota casi total para La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo tuvo que quitar por completo el capítulo de venta de tierras a extranjeros. Y durante el debate en el recinto también se cayeron las modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, lo que dejó vigentes las prohibiciones impulsadas años atrás por Máximo Kirchner.

Qué decía la norma que buscan revivir

La ley 26.737 establecía que personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30% del cupo extranjero. Además, limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o una superficie equivalente según la ubicación— la tierra que podía poseer un mismo titular extranjero.

Los senadores fundamentaron su pedido con un argumento que apunta a la comparación internacional: “La ley 26.737 no proscribía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba límites razonables y concordantes con la legislación comparada de países centrales como los Estados Unidos, Brasil, Francia o Australia”.

Y agregaron: “Es precisamente ante la falta de una definición judicial sobre el fondo de la constitucionalidad de la norma que este Congreso de la Nación debe asumir de manera urgente e impostergable su rol institucional como garante del dominio público y de la legalidad constitucional. No corresponde al Poder Judicial legislar sobre la conveniencia política del régimen de propiedad de las tierras, pero es responsabilidad insoslayable de este Poder Legislativo reparar la vulnerabilidad a la que ha quedado el territorio nacional”.

El obstáculo que nadie menciona

Más allá del anuncio, el proyecto deberá sortear un camino complicado. Si bien se refiere a un solo artículo, la Cámara alta ya rechazó por completo el DNU 70/23 y el tema duerme en Diputados. Estas normas tienen además un tratamiento particular a través de la bicameral de Trámite Legislativo.

A eso se suma un factor menos visible pero igual de determinante: el Senado está sin actividad esta semana y se espera poca para la próxima, por los viajes de legisladores al exterior. La sumatoria de millas suele dilatar los tiempos parlamentarios. Y hay otro inconveniente: avisar con antelación las ausencias para que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilite con justificación cambios en las comisiones. Tiempo atrás se hartó y cerró esa canilla.