La Corte definió quiénes juzgarán a Parisi y los fiscales se quedaron con las manos vacías
Los fiscales pidieron que la Corte interviniera por las demoras en la causa contra el exjuez Parisi. La respuesta del máximo tribunal salteño les cambió el plan: el trámite que denunciaban ya estaba cerrado y ahora la pelota pasa al juicio oral.
La Sala II de la Corte de Justicia de Salta puso punto final a la danza de recusaciones que trababa la causa contra el exjuez Claudio Alejandro Parisi. En un mismo fallo, el máximo tribunal provincial fijó los tres nombres que se sentarán en el banco del juicio y, de paso, rechazó la queja por retardo de justicia que habían impulsado los fiscales Daniela Murúa y Daniel Espilocín.
El argumento central para desestimar el reclamo fue simple: el apartamiento de la jueza que había motivado la presentación ya estaba resuelto, por lo que la situación procesal que sostenía la queja había dejado de existir.
Los tres jueces del debate
La resolución lleva la firma de los cortesanos Sergio Fabián Vittar, Jorge Martín Diez Villa y Adriana María Rodríguez Faraldo y está fechada el 11 de noviembre. Allí se establece que la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán quedará integrada, para este expediente, por Mariano Facundo Gerónimo, Marcelo Amado Alvarado y Héctor Fernando Mariscal Astigueta.
Los dos últimos revisten como jueces de Garantías del Distrito Judicial Tartagal y fueron convocados especialmente para intervenir en el proceso. La decisión llega después de una seguidilla de recusaciones e inhibiciones que complicaron la conformación del tribunal.
El fallo, sin embargo, no pone fecha al debate oral ni se expide sobre el pedido de nulidad que la Fiscalía presentó contra la libertad que se le concedió a Parisi en octubre.
El origen del conflicto
El reclamo fiscal hundía sus raíces en una sentencia del 18 de diciembre de 2025. Aquel día, la jueza Norma Palomo homologó un acuerdo de juicio abreviado para cuatro imputados, pero dejó pendiente la situación de Parisi.
Frente a eso, la Unidad Fiscal promovió el apartamiento de la magistrada con el objetivo de preservar el derecho del acusado a ser juzgado por un tribunal imparcial. A partir de ahí se encadenaron planteos sobre qué jueces debían intervenir.
Las actuaciones llegaron a la Corte como una cuestión de competencia, pero el máximo tribunal provincial consideró que el planteo estaba mal formulado y las devolvió para que se resolviera el apartamiento de Palomo.
La queja de los fiscales
Murúa y Espilocín sostuvieron que, pese a las intervenciones posteriores y a dos pedidos de pronto despacho, la integración del tribunal seguía sin completarse. Le atribuyeron a Alvarado una demora en el trámite y advirtieron que esa situación impedía concretar el juicio, con perjuicio tanto para la administración de justicia como para el derecho del propio acusado a obtener una sentencia en un plazo razonable.
Alvarado respondió con un informe ante la Corte en el que objetó el reclamo. Señaló que uno de los pedidos de pronto despacho apuntaba a la admisión o rechazo de pruebas y no al apartamiento de Palomo. Sobre la presentación del 7 de septiembre, indicó que no le había sido notificada y que Gerónimo ya había aceptado la inhibición de la magistrada.
Al revisar las constancias del expediente, la Corte comprobó que el apartamiento de Palomo había sido aceptado mediante una resolución del 9 de septiembre de 2026. Con ese dato, concluyó que la indefinición procesal que sustentaba el reclamo había cesado y rechazó la queja fiscal.
De qué se lo acusa
Parisi enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado por dos hechos, además de incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Según la información de la Unidad Fiscal, la acusación está vinculada con el arresto domiciliario que se le otorgó a César Daniel Martínez, conocido con el alias de "Oreja".
