La Corte Suprema definió qué juez lleva el pleito entre dos mineras por la misma área de la Puna. La Justicia de Belén quedó afuera y Catamarca no presentó defensa propia en el expediente: quién cuida sus títulos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que sea el Juzgado de Minas de Salta el que tramite el pleito entre dos mineras que reclaman la misma área de la Puna, con títulos otorgados por provincias distintas. La Justicia de Belén, que también se había declarado competente, quedó fuera del expediente. La decisión, del 5 de noviembre, no define quién es dueño del litio ni dónde pasa la frontera, pero vuelve a inclinar la balanza a favor de Salta en una franja que el Congreso nunca delimitó.
El conflicto enfrenta a Lithium S Corporation S.A., titular de la propiedad minera Tabariogrande, concesionada por Salta, y a Marhen Lithium S.A., la filial argentina del grupo emiratí United Mining Projects Corporation (UMPC), que invoca las minas Tati, Tati I y Tati II, otorgadas por Catamarca en Antofagasta de la Sierra.
El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y ocupa apenas un párrafo. El tribunal no elaboró argumentos propios: se remitió “en razón de brevedad” al dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti, firmado el 27 de agosto de 2025. La Corte demoró más de catorce meses en adoptar un texto de tres carillas.
Cómo arrancó el choque
El origen fue una medida autosatisfactiva que Lithium S Corporation presentó en la Justicia salteña. El juez de Minas hizo lugar y ordenó a Marhen Lithium y a “toda otra persona que sin derecho ni autorización ingrese” al área de Tabariogrande suspender las perforaciones y los trabajos asociados. También le dio un plazo de 30 días desde la notificación para desmantelar y retirar construcciones, contenedores, equipos, campamento y vehículos, y le prohibió hacer tareas similares en el futuro.
Marhen contestó con una inhibitoria ante el juzgado de Belén, de la Tercera Circunscripción Judicial de Catamarca. El magistrado catamarqueño la aceptó y se declaró competente: sostuvo que la empresa es propietaria de las minas Tati con permisos de la autoridad provincial y que, al estar los yacimientos en territorio catamarqueño, la causa debía tramitarse allí, según el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal, que asigna los juicios sobre inmuebles al juez del lugar donde están. El juez salteño mantuvo su competencia y elevó la contienda a la Corte.
Un límite que nadie fijó
El dictamen de Monti contiene la admisión más relevante del expediente: en el caso “subyace una controversia de límites interprovinciales” que, según el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional, no puede resolver la Justicia, porque fijar los límites entre provincias es atribución del Congreso. Para respaldarlo, la procuradora citó un informe del propio Programa de Catastro Minero de Salta incorporado al expediente de Tabariogrande.
Es decir, el registro minero salteño reconoce que el área está en una zona en disputa. Aun así, la causa quedará en Salta. El argumento es procesal: según la jurisprudencia de la Corte, la controversia limítrofe “no constituye un obstáculo” para definir qué juez interviene, y el expediente debe quedar radicado en la jurisdicción que previno, es decir, la que actuó primero. En este caso fue la salteña.
El criterio no es nuevo. El dictamen se apoya en tres precedentes del tribunal. Los dos primeros son de 1985 y 1987 y corresponden a disputas en la misma franja de la Puna, sobre el Grupo Minero Diablillos y sobre el Grupo Minero Tincalayu (“Barros, Hugo Vicente c/ Boroquímica”). En ambos casos la competencia quedó en manos de la Justicia salteña.
El problema de fondo es anterior. El Territorio Nacional de Los Andes, creado en 1900, fue disuelto en 1943 por el decreto-ley 9.375, que repartió su superficie entre Jujuy, Salta y Catamarca, a la que le tocó Antofagasta de la Sierra. Algunos tramos de ese límite nunca fueron fijados por ley. En 2015 la Corte reconoció el litigio y lo devolvió al Congreso, que todavía no lo resolvió. Mientras tanto, cada provincia sigue otorgando concesiones sobre la franja en disputa y el litio de la Puna multiplica el valor de cada hectárea.
La decisión es solo de competencia: no determina cuál de las dos empresas tiene mejor derecho, ni si los títulos de una u otra provincia son válidos, ni fija ningún límite. Esas cuestiones quedan para el juicio de fondo, que ahora tramitará un juez salteño, y en lo territorial siguen pendientes del Congreso. En la práctica, la causa continuará ante el mismo magistrado que ya ordenó a Marhen frenar las perforaciones y levantar el campamento.
Catamarca, sin voz en el expediente
El dictamen no registra ninguna presentación del Estado catamarqueño en la causa: la defensa de los títulos de las minas Tati quedó en manos de la propia empresa concesionaria. La exdiputada provincial Silvana Carrizo, del espacio Generar, consideró que la defensa de un título minero otorgado por la Provincia en una zona de límites en disputa “no puede depender de una empresa privada”.
Carrizo sostiene que Catamarca tiene la facultad constitucional de defender sus títulos y no la está usando, y le pidió al Gobierno provincial que asuma un rol activo en los juicios que involucren territorio y concesiones catamarqueñas. “No se trata de buscar culpables”, aclaró.
No es la primera vez que la exlegisladora plantea el asunto. Cuando los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz firmaron el Acuerdo de Facilitación y Fomento Minero para el proyecto Diablillos–Plata, Carrizo advirtió que el propio convenio admitía que los límites entre ambas provincias no están definidos, sin precisar con las coordenadas del catastro catamarqueño qué propiedades mineras abarcaba. Diablillos es, además, el nombre del grupo minero del antecedente de 1985 en el que la Corte dejó la competencia en manos de Salta.
Quiénes están detrás de las minas
Marhen Lithium opera el proyecto Río Grande Sur, de unas 9.000 hectáreas en Antofagasta de la Sierra. En abril de 2024, UMPC anunció una inversión de 550 millones de dólares hasta 2028, con 700 empleos en la etapa de construcción y 200 en producción, y su CEO, Bradley Pielsticker, le planteó al gobernador Raúl Jalil la intención de adherir al RIGI. Según informó la compañía, UMPC compró Marhen en diciembre de 2022 y la filial cerró la adquisición de los derechos sobre las minas Tati en enero de 2023.
UMPC es una empresa privada con sede en Dubái que se presenta como enfocada en litio y minerales críticos. No cotiza en bolsa ni publica balances o composición accionaria, por lo que buena parte de lo que se sabe de ella surge de sus propios anuncios. El grupo también tiene intereses del otro lado del límite: Pielsticker presentó ante el gobernador salteño Sáenz un plan de 30 millones de dólares para desarrollar dos áreas en el Salar de Arizaro a través de otra filial, Gauchos Energy.
Lithium S Corporation, con domicilio en la ciudad de Salta, tiene antecedentes en la Puna desde al menos 2016. Entre 2016 y 2018 figuraba como filial argentina de LSC Lithium Corporation, una empresa que cotizaba en la bolsa de Toronto y tenía proyectos en los salares Pozuelos, Pastos Grandes, Río Grande, Salinas Grandes y Jama.
