La Corte de Salta le dio vía libre a la reforma electoral, pero tres dirigentes no piensan quedarse quietos
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La Corte de Salta le dio vía libre a la reforma electoral, pero tres dirigentes no piensan quedarse quietos

Carlos Zapata calificó el fallo de "arbitrario" y ya analiza llevar el caso a la Corte Suprema. Lo mismo evalúa Alejandro Patrón Costas, mientras la reforma electoral salteña avanza hacia los comicios de 2027.

La Corte de Justicia de Salta rechazó las tres acciones de inconstitucionalidad que se habían presentado contra la ley 8535, la norma que modificó las reglas para presentar candidaturas, integrar listas y armar frentes electorales. El fallo llega en un momento clave: en las puertas de la convocatoria a los comicios generales, previstos en principio para mayo de 2027.

La reforma, conocida como Ley de Participación Democrática, había sido sancionada por la Legislatura el 30 de abril y promulgada por el Ejecutivo en mayo. Ahora el máximo tribunal provincial le dio respaldo pleno.

Quiénes cuestionaron la norma

Tres expedientes llegaron al tribunal que preside Teresa Ovejero Cornejo. Uno se abrió con una presentación de Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón. Otro lo impulsó Alejandro Patrón Costas. El tercero fue obra de Claudio Del Plá, dirigente del Partido Obrero, que vinculó las exigencias para competir en los comicios con un intento de restringir la competencia de las fuerzas de izquierda.

Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de Ahora Patria, calificó el fallo como "arbitrario" y "desajustado al derecho", y no descartó acudir a la Corte Suprema de la Nación. Patrón Costas, al frente del joven Partido de la Reconquista, también adelantó que estudia llevar el caso al máximo tribunal federal.

Los argumentos de la Corte

Los jueces sostuvieron que la Legislatura aprobó el régimen electoral en ejercicio de sus atribuciones y que el cambio de reglas no contradice ni la Constitución provincial ni la nacional. Además, consideraron razonables las exigencias para postular candidatos a gobernador y vicegobernador y para conformar frentes.

En la resolución, el tribunal remarcó que las provincias tienen autonomía para definir sus propios sistemas electorales, con base en los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. También señaló que el artículo 56 de la Constitución provincial deja en manos de la ley la determinación del régimen electoral, mientras que el artículo 127, inciso 16, le otorga a la Legislatura facultades para reglamentarlo según las circunstancias políticas y sociales.

La Corte, además, ratificó la validez de los aspectos de la reforma vinculados al uso del voto electrónico.

La exigencia de los 15 departamentos

Uno de los puntos centrales del fallo fue la validación del artículo 2 de la ley 8535, que obliga a las fuerzas políticas a presentar candidaturas en al menos 15 departamentos de la provincia para poder postular candidatos a gobernador y vicegobernador. Para el tribunal, se trata de una condición razonable de organización y participación territorial, en sintonía con las funciones del gobernador, que representa a toda la provincia y no solo a algunos departamentos.

Frentes de al menos dos partidos

Otro de los aspectos abordados fue la obligación de que los frentes electorales estén integrados por un mínimo de dos partidos políticos. Los jueces entendieron que la exigencia es coherente con el propósito de la ley de garantizar una mayor representatividad y que respeta el principio de igualdad, porque aplica el mismo tratamiento a quienes están en circunstancias equivalentes. También consideraron válido distinguir entre partidos y alianzas electorales, ya que se trata de organizaciones con características diferentes.

Una cuestión de los poderes políticos

Por último, el máximo tribunal provincial sostuvo que la elección de un determinado sistema electoral es una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia que corresponde resolver a los poderes políticos del Estado. En ese marco, insistió en que la Legislatura tiene facultades para fijar las reglas del sistema, siempre que respeten los límites de las constituciones nacional y provincial.

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