La Corte de Catamarca se investiga a sí misma: cinco funcionarios judiciales bajo la lupa por la Tragedia de la Alcaidía

La Sala de Sumarios de la Corte de Justicia de Catamarca ordenó la apertura de un sumario administrativo disciplinario contra cinco funcionarios judiciales que intervinieron en la causa por la Tragedia de la Alcaidía entre 2015 y 2025. La investigación ya está en trámite y los implicados fueron notificados, según pudo saber El Ancasti. Podrán presentar descargo y ofrecer prueba.

La medida fue dispuesta por los ministros Rita Verónica Saldaño —en la presidencia—, José Cáceres y Miguel Figueroa Vicario. La resolución se apoya en el punto 4° del fallo de sobreseimiento del 28 de noviembre de 2025, cuando la Sala Penal ordenó remitir las actuaciones a la Secretaría de Sumarios "para que se inicien las tareas dirigidas a determinar la responsabilidad de quienes actuaron en el proceso".

El sumario se abrió antes de que se cumpliera un año de aquella sentencia.

Qué dice la resolución sobre el alcance del sumario

El documento es claro: la apertura del sumario no implica sanción ni prejuzgamiento. "Constituye el acto formal que habilita la investigación contradictoria, con resguardo del debido proceso, derecho de defensa, vista de las actuaciones, posibilidad de descargo, ofrecimiento y producción de prueba y asistencia letrada", señala.

Además, aclara que la insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable no genera de manera automática responsabilidad disciplinaria individual. "Sin embargo, constituye un antecedente institucional suficiente para habilitar la investigación administrativa", agrega.

Los cinco sumariados y los nueve hechos nominados

La resolución individualiza nueve hechos nominados, distribuidos entre los cinco funcionarios según su cargo, período de actuación y deber funcional presuntamente comprometido. El texto subraya que "la eventual responsabilidad administrativa debe ser analizada de modo diferenciado y conforme el principio de culpabilidad disciplinaria", ponderando el período de actuación, el cargo desempeñado, las facultades disponibles y el grado de intervención efectiva de cada uno.

Los sumariados son el juez Correccional de Primera Nominación Marcelo Miguel Forner; el juez en comisión Edgardo Jorge Acuña; y los fiscales Correccionales Alejandro César Dalla Lasta Baroni, Daniela Barrionuevo y Cynthia Romina Romero.

Los más comprometidos

Marcelo Miguel Forner, juez Correccional titular, es el funcionario con mayor cantidad de hechos nominados: se le endilga responsabilidad en cuatro. La resolución le atribuye omisiones en la dirección e impulso de la causa desde su recepción en 2015, demoras injustificadas en las notificaciones, falta de control sobre el diligenciamiento de oficios y, fundamentalmente, haber permitido que la causa permaneciera paralizada durante 2018 y casi todo 2019, cuando ya estaba lista para debate. También se le cuestiona haber otorgado suspensiones de audiencias sin asegurar una reprogramación inmediata.

Alejandro Dalla Lasta Baroni, fiscal Correccional entre 2010 y 2021, tiene un hecho nominado de peso central. Desde que la causa quedó en condiciones de debate el 1° de febrero de 2018 y durante tres años, habría omitido instar la realización del juicio oral, requerir la fijación de audiencia o adoptar cualquier medida para evitar la paralización de la acción penal cuya titularidad le correspondía.

Los herederos del caso

Edgardo Jorge Acuña, juez en comisión entre agosto de 2024 y mayo de 2025, asumió cuando la querella ya había pedido fecha de debate para evitar la prescripción. Se le atribuye no haber dispuesto una pronta fijación de juicio ni adoptado medidas urgentes ante una causa de notoria antigüedad y gravedad.

Daniela Barrionuevo, fiscal Correccional en comisión entre noviembre de 2021 y junio de 2022, estuvo en el cargo de manera transitoria durante siete meses. La resolución investiga si durante ese período impulsó o no el debate de manera suficiente.

Cynthia Romina Romero, fiscal Correccional desde julio de 2022, encarna la paradoja más llamativa del sumario. Al asumir solicitó una suspensión para estudiar la causa y luego no se verificó un impulso fiscal sostenido. Sin embargo, fue la misma funcionaria que, tras el sobreseimiento, presentó el recurso extraordinario federal y el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la decisión.

Un caso que no cierra

La apertura del sumario llega en un momento de particular densidad institucional para este expediente. En septiembre se cumplieron 15 años de la muerte de Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16), los cuatro adolescentes que murieron calcinados en la Alcaidía de Menores el 9 de septiembre de 2011. Al mismo tiempo, el recurso de queja presentado por el Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación espera resolución.

"La garantía del plazo razonable no se agota en la tutela del imputado dentro del proceso penal, sino que constituye también un estándar objetivo de buen funcionamiento del sistema judicial. La demora injustificada en la tramitación de una causa compromete la eficacia de la jurisdicción, debilita la tutela judicial efectiva de víctimas y partes, y erosiona la legitimidad institucional del Poder Judicial como garante de una respuesta oportuna, seria y jurídicamente válida", advierte la resolución.

A 15 años de la Tragedia de la Alcaidía, no hay culpables. Sin embargo, el sistema judicial catamarqueño se investiga a sí mismo.