La Corte absolvió a los policías del caso Facundo Ferreira y ordenó su libertad

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó las condenas y dispuso la libertad inmediata de los efectivos Nicolás Javier González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, quienes cumplían penas de 15 y 20 años por la muerte de Facundo Alexis Ferreira, el nene de 12 años fallecido en marzo de 2018 durante una persecución.

El fallo hizo lugar a los recursos de casación de la defensa técnica y dejó sin efecto las sentencias que habían sido dictadas en septiembre de 2023. La resolución fue firmada por la Sala en lo Civil, Comercial, Familia y Penal, integrada por los vocales Daniel Leiva, Antonio D. Estofán y Fabián Adolfo Fradejas.

Los magistrados encuadraron la conducta de los agentes en la causal de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un cargo, prevista en el artículo 34, inciso 4 del Código Penal. Además, rechazaron la demanda civil que se había entablado contra los policías y el Gobierno de la Provincia.

Qué cambió en la valoración de la prueba

El eje del pronunciamiento estuvo en la reevaluación de las pericias balísticas y de la dinámica del hecho ocurrido la madrugada del 8 de marzo de 2018 en inmediaciones del Parque 9 de Julio. A diferencia del tribunal de juicio de 2023, la Corte consideró que existían evidencias objetivas de que el menor portaba y accionó un arma de fuego.

Entre los puntos que sostienen esa conclusión, el fallo ponderó el resultado positivo de partículas de pólvora halladas en las manos y la ropa del nene mediante microscopía electrónica de barrido (MEB/EDS) realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

También descartó la hipótesis de un arma "plantada" y confirmó el hallazgo de dos vainas servidas percutidas por la pistola calibre 22 que se atribuye al menor. La resolución constató además que los perseguidos dispararon contra la patrulla policial, con impactos de proyectiles en el frente acrílico de la motocicleta oficial.

En cuanto al uso de la fuerza, la Corte detalló que Díaz Cáceres empleó primero postas de goma disuasivas y que, ante la continuidad del ataque armado, los agentes recurrieron a sus armas de dotación reglamentaria de 9 milímetros.

"La actuación policial debe ser analizada desde una perspectiva objetiva ex ante, evaluando las circunstancias existentes en el momento preciso de los hechos y no a partir del resultado luctuoso. Lo relevante es si el agente respetó los procedimientos y protocolos establecidos", fundamentaron los vocales en el texto resolutivo.

Las tres doctrinas legales que fijó el fallo

Al revisar la condena de la Sala II de la Cámara Penal Conclusional, el alto tribunal dictaminó que la sentencia previa padecía de arbitrariedad en la valoración probatoria. En ese marco, dejó asentadas tres doctrinas legales sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

La primera señala que resulta arbitraria la sentencia que concluye la responsabilidad penal a partir de un análisis parcial de los elementos de prueba. La segunda indica que no se ajusta a derecho la resolución que omite abordar de manera integral una causa de justificación verosímil.

La tercera establece que es descalificable como acto jurisdiccional válido el fallo que no realiza un análisis profundo del contexto al evaluarse la eximente de cumplimiento de un deber.

En materia de responsabilidad civil, la Corte determinó que, al probarse la causal de justificación, la conducta de los efectivos careció de antijuridicidad. Por ese motivo, revocó las indemnizaciones fijadas previamente e hizo reserva de las costas procesales por su orden.