La condena que expuso el vacío: el penal de Capayán no tenía protocolo para proteger a las mujeres guardiacárceles

Un condenado a perpetua por homicidio fue enviado a trabajar junto a una oficial de 26 años en la cocina del penal de Capayán. No hubo evaluación de riesgo ni alerta sobre su perfil. El resultado fue un abuso sexual y una sentencia que reveló la ausencia total de protocolos de seguridad para el personal femenino.

El día que el sistema falló

El 4 de octubre de 2024, una oficial ayudante de 26 años, con menos de dos años en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), se encontraba sola en la cocina del penal de varones en Capayán. Allí fue derivado Facundo Delgadino, un interno que cumple prisión perpetua por el homicidio de Leandro Centeno, ocurrido en 2012. El área de Labor Terapia lo envió porque “los demás sectores no tenían cupo”. La única advertencia que recibió la oficial fue que tuviera cuidado con el calor de las marmitas, ya que Delgadino tenía una placa de platino en la cabeza. Nada sobre su historial delictivo ni su perfil psicológico.

El juez Correccional de Primera Nominación, Marcelo Forner, reconstruyó los hechos en los fundamentos de la sentencia. Allí quedó claro que el penal priorizó el tratamiento del interno por encima de la seguridad del personal. No existía protocolo alguno para proteger a las mujeres que trabajan en un entorno de varones condenados por delitos violentos.

Un testigo casual y una institución que no protege

Un sargento primero se encontraba en el sector durante el abuso, pero no por una directiva de custodia especial. Se había quedado por iniciativa propia, mientras el otro personal repartía la comida. Fue él quien vio el movimiento, contuvo a Delgadino y lo trasladó a la torre central. Su presencia fue casual, no parte de un sistema de seguridad.

La víctima declaró ante el juez: “Me desvincularon de toda tarea penitenciaria”. En lugar de reestructurar el área de los internos o revisar los mecanismos de asignación laboral, la institución optó por apartar a la denunciante. La fiscal Correccional Cynthia Romero remarcó que las consecuencias institucionales fueron devastadoras: la oficial fue silenciada y desarraigada de su puesto.

La pericia que describió el daño

La pericia psicológica del Cuerpo Interdisciplinario Forense detalló las secuelas: insomnio, trastornos alimentarios, llanto constante, baja autoestima e intenciones de autolesionarse. El informe explicó que el hecho reactivó un trauma previo y usó una metáfora precisa: mientras una persona resiliente se dobla como un plástico y recupera su forma, el psiquismo de la oficial era como un cristal que el evento trizó y la desprotección institucional profundizó la fractura. No se detectaron indicadores de fabulación ni exageración; su relato fue considerado espontáneo, coherente y cronológicamente estructurado.

La doble condena y la pregunta sin respuesta

El juez Forner condenó a Delgadino a dos años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual simple, lo declaró reincidente y ordenó que realice un curso sobre violencia de género dentro del SPP. La pena se unificará con su condena anterior. La defensa presentó recurso de casación, pero en términos prácticos es anecdótico: Delgadino ya cumple perpetua. Sin embargo, la sentencia dejó una pregunta que nadie en el SPP parece haber respondido: ¿qué protocolo existe para proteger a las mujeres que visten el uniforme dentro del penal de varones? La respuesta, al menos el 4 de octubre de 2024, era ninguno.

El mismo apellido, dos víctimas

Facundo Delgadino tenía 20 años cuando estranguló a Leandro Ezequiel Centeno con un cable de acelerador y enterró su cuerpo bajo la arena del patio de su casa. Tenía 32 cuando abusó de una oficial en la cocina del mismo penal. Leandro Centeno tenía 17 años y fue a cobrar un rescate con un cuchillo; Delgadino fue condenado por secuestro coactivo agravado por muerte dolosa, un precedente inédito en la provincia. Doce años después, el área de Labor Terapia lo derivó a la cocina sin considerar su perfil. Los peritos del CIF lo habían descripto con precisión: impulsividad, conductas manipuladoras, incapacidad de autorreflexión. Ese perfil no era un secreto, estaba en el expediente. ¿Qué aprendió el SPP en doce años? Muy poco.

La mora legislativa y el vacío como política

El Ancasti publicó informes de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura sobre la creación de un Mecanismo Local de Prevención, cuyo último proyecto perdió vigencia en 2023. A esto se suma el historial de policías y penitenciarios involucrados en violencia, abusos y femicidios. El diario intentó comunicarse con la dirección del SPP para conocer si existen protocolos de protección para el personal femenino, pero no obtuvo respuesta. La Legislatura catamarqueña sigue en mora respecto a la creación de protocolos de protección interna obligatorios y leyes de exoneración para personal de seguridad condenado por delitos de género.

Hoy, las denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad de Catamarca enfrentan un doble castigo: el abuso y el desarraigo laboral bajo el argumento de “protegerlas”. Al no existir un protocolo unificado, la fuerza opta por invisibilizar a quien denuncia. Los proyectos de ley para control psicofísico continuo, talleres de género efectivos y regímenes disciplinarios severos siguen encajonados. La segunda condena a Delgadino es indispensable en materia penal, pero la verdadera urgencia política es romper la inercia parlamentaria. Mientras los legisladores sigan en mora, el uniforme seguirá siendo un factor de doble vulnerabilidad para las mujeres trabajadoras de la seguridad pública.