La Comisión Investigadora movió ficha por el caso del bebé de Rancul: qué le pidió al Gobierno

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa ya puso primera en el análisis del caso del bebé de Rancul y remitió una nota al gobernador Sergio Ziliotto para exigirle los expedientes y la documentación que obren en poder del Ejecutivo provincial. La información apunta a reconstruir lo ocurrido y a determinar si hubo irregularidades en los procedimientos administrativos y en la intervención de los organismos provinciales.

La comisión fue creada por decisión unánime de la Legislatura pampeana y tiene un foco preciso: las presuntas irregularidades en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La preside Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), secundada por Silvia Larreta (FreJuPa) como vicepresidenta. Completan el cuerpo Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID).

Qué busca la comisión y qué no

El objetivo declarado es analizar la actuación de los organismos del Poder Ejecutivo y de los funcionarios que intervinieron, a la luz de la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia y dentro de las facultades propias del Poder Legislativo.

El texto oficial deja un punto en claro: la comisión no tiene por objeto revisar el proceso de adopción ni las decisiones del Poder Judicial. Su tarea se limita a las circunstancias y los procedimientos administrativos que rodearon la intervención de los organismos provinciales, y a evaluar si esos pasos se ajustaron a la normativa, los protocolos y las competencias correspondientes.

Entre los fundamentos del cuerpo aparece una premisa que repiten como guía de trabajo: la protección integral y el interés superior de niñas, niños y adolescentes deben quedar por encima de cualquier diferencia política o partidaria. También sostienen que, si bien cumplir la ley y las decisiones judiciales es una obligación del Estado, toda intervención estatal que involucre a un menor debe hacerse con responsabilidad, sensibilidad y respeto por sus derechos y garantías.

Ronda de citaciones y entrevistas

La comisión anticipó que llevará adelante su tarea con prudencia y que buscará escuchar a todas las personas que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Las conclusiones, adelantaron, se sustentarán únicamente en la información y la documentación que se reúna durante la investigación.

El paso siguiente ya tiene fecha: a partir de la próxima semana arranca una ronda de requerimientos de información, citaciones y entrevistas a las personas, autoridades y funcionarios que hayan tenido intervención en los hechos. Con ese material sobre la mesa, la comisión buscará reconstruir lo sucedido y determinar si existieron irregularidades y qué responsabilidades administrativas o institucionales podrían corresponder.