La comisión citó a los técnicos de Niñez y el Gobierno mandó a otra gente: la bronca de las diputadas

La comisión investigadora de la Legislatura pampeana esperaba este martes a los equipos técnicos de Niñez, Adolescencia y Familia. Lo que llegó fue otra cosa: una delegación de funcionarios encabezada por el subsecretario Juan Pablo Bonino, que desde las 9 de la mañana aguardó en los pasillos para ampliar el informe escrito que el Ejecutivo había presentado días atrás por el caso del bebé de Rancul.

Las diputadas Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara no quedaron conformes. Reclamaron la ausencia de los técnicos convocados y salieron con un comunicado en el que acusaron al Gobierno de trabar la pesquisa.

El cruce por quién se sienta en la banca

“Ante la decisión de las autoridades de Niñez de no presentar a los equipos técnicos convocados y condicionar las entrevistas a la presencia conjunta de todos los funcionarios, nos dirigimos personalmente al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para solicitar que nos reciba su titular”, señalaron las legisladoras.

Y agregaron: “Queremos manifestarle nuestra preocupación por la actitud de la Dirección de Niñez, que está entorpeciendo el normal desarrollo de la investigación legislativa”.

Desde Casa de Gobierno contestaron con un argumento institucional. Según fuentes oficiales consultadas por Diario Textual, los integrantes de los equipos técnicos son empleados alcanzados por la Ley 643 y no pueden ser interpelados en la Legislatura. La comisión, recordaron, se creó al amparo del artículo 68 de la Constitución provincial, que habilita la interpelación únicamente de ministros o secretarios del Poder Ejecutivo, no de trabajadores.

“A los trabajadores se les puede pedir informes escritos, no citarlos a declarar compulsivamente”, explicaron las mismas fuentes. En esa línea, sostuvieron que las respuestas deben darlas los funcionarios, que son los responsables políticos y que están dispuestos a responder.

La defensa de Bonino

El subsecretario Bonino explicó el motivo de su visita: “Venimos a dialogar con las legisladoras de la comisión temas vinculados al informe escrito que presentamos hace algunos días. Fue un trabajo completo y detallado sobre el procedimiento de adopción que rige en La Pampa, en el marco de las leyes que lo regulan, tanto para el caso en particular, como para todos”.

“Nuestras acciones en el área tienen como principal objetivo garantizar los derechos de nuestras infancias y adolescencias, en el marco de las leyes vigentes. Ese es el punto de partida para desarrollar políticas de estado, y de ahí no nos movemos”, afirmó.

También justificó por qué los técnicos no se sientan ante los diputados: “Los equipos técnicos actúan bajo relación de dependencia y cumplen las directivas de sus superiores. Además, las y los están alcanzadas por el secreto propio de sus disciplinas y por el deber de confidencialidad que imponen las leyes. Parte de esas intervenciones está sujeta a control judicial, quedando fuera del ámbito de la Comisión”.

Y cerró con respaldo a su gente: “Más allá de todos estos detalles, estamos conformes y apoyamos el trabajo realizado por nuestros equipos. Fue profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia”.

“Nuestra órbita de trabajo gira en base al derecho superior de las y los niños, esto no está sujeto a opiniones, sino que hay leyes que indican el cómo, y así lo hemos hecho. Las necesidades afectivas, económicas, sociales o políticas de los adultos se deben debatir en otro terreno. El nuestro es reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos y cumplir con nuestras obligaciones como estado actuante”, completó.

Qué investiga la comisión

El cuerpo legislativo busca establecer si hubo irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde fijar responsabilidades por el caso del bebé que le fue retirado a una familia de contención de Rancul.

La investigación nació del conflicto que protagonizan Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la pareja que tuvo al niño bajo su cuidado y que reclama adoptarlo. Ambos concurrieron a la comisión y denunciaron presuntas “muchas irregularidades” de funcionarios del Gobierno y de la Justicia. No obstante, el cuerpo aclaró que su trabajo se limita a los procedimientos administrativos de entrega y retiro del niño, y no al proceso judicial de adopción.

La cronología del caso

El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, con dos meses, dentro del programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta con las condiciones del programa, entre ellas la de que no podían convertirse en adoptantes.

El 29 de junio, la Justicia lo declaró en estado de adoptabilidad y pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño siguiera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción, planteos rechazados en distintas instancias judiciales.

El 7 de septiembre debían entregarlo. La familia se presentó en la Dirección de Niñez y manifestó que no lo haría. Luego fue demorada por la Policía en Castex cuando intentaba viajar hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado después de las 18.30 a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.

Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez buscó cumplir con la decisión judicial y generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.